La despenalización del aborto en Quintana Roo se logró durante la madrugada del 26 de octubre de 2022, con la que se permitió la interrupción del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación
Cancún (Marcrix Noticias).– A pesar de que el aborto fue despenalizado en Quintana Roo, las mujeres y personas con capacidad de gestar todavía enfrentan barreras para acceder a una interrupción del embarazo de manera segura, gratuita y digna, principalmente quienes viven en comunidades rurales e indígenas alejadas de las principales ciudades del estado.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, conmemorado el 28 de septiembre, integrantes de la colectiva DAS Cancún realizaron una concentración y performance para visibilizar los pendientes que persisten en materia de acceso a este derecho.
Natalia Tavizon, integrante de la colectiva, señaló que el reconocimiento legal del aborto representa un avance, pero no es suficiente si los servicios de salud no están disponibles para todas las personas que los requieren.
“La despenalización legal no alcanza si el servicio todavía no llega a ser una realidad para todas las personas”, sostuvo.
La activista destacó que, de acuerdo con el cuarto informe del Gobierno de Quintana Roo, se han brindado 447 servicios en los módulos de aborto seguro que operan en el estado. Sin embargo, advirtió que la atención continúa concentrándose principalmente en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, mientras que existen comunidades alejadas donde el acceso sigue siendo limitado.
Suman 8 carpetas de investigación por aborto en Quintana Roo
A este escenario se suma un dato que, para las organizaciones, requiere mayor transparencia. Durante 2025 se abrieron ocho carpetas de investigación relacionadas con el delito de aborto en Quintana Roo, pese al marco de despenalización vigente.
Tavizon señaló que la información disponible no permite determinar con claridad si las investigaciones estuvieron dirigidas contra personas gestantes, personal médico o si respondieron a alguna otra circunstancia, por lo que demandó que las autoridades transparenten el origen y seguimiento de estos expedientes.
Piden acciones concretar para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito
Las integrantes de la colectiva plantearon que garantizar el derecho al aborto implica mucho más que modificar el Código Penal. Por ello, exigieron que los servicios sean oportunos y accesibles en todo el territorio estatal, particularmente en comunidades rurales e indígenas, donde las distancias pueden convertirse en una barrera para recibir atención.
También demandaron una campaña permanente de información que permita a la población conocer dónde se encuentran los servicios, cuáles son sus horarios y qué requisitos deben cumplirse para acceder a ellos. Esta información, señalaron, debe difundirse mediante formatos accesibles y en las lenguas que se hablan en Quintana Roo.
Otro de los pendientes señalados es garantizar que cada unidad médica cuente con medicamentos, insumos, infraestructura y personal suficiente y debidamente capacitado. La preparación, explicaron, no debe limitarse a médicos y personal de enfermería, sino abarcar también a quienes trabajan en recepción, seguridad y farmacia, con el objetivo de evitar que la desinformación o desconocimiento del marco legal obstaculice la atención.
La colectiva también puso sobre la mesa la objeción de conciencia. Si bien reconocen que se trata de un derecho contemplado para el personal de salud, consideran necesario establecer mecanismos que impidan que esta figura retrase o niegue el servicio. En estos casos, señalaron, las personas deben ser canalizadas de manera efectiva con personal capacitado y disponible para realizar el procedimiento.
Otro de los reclamos está relacionado con la calidad de la información que reciben las personas que solicitan el servicio. Las organizaciones demandan atención gratuita, digna y confidencial, basada en evidencia científica, con perspectiva laica y libre de discriminación, sin importar la edad, orientación sexual o identidad de género de quien solicite información o atención.
En el caso de adolescentes, Tavizon recordó que existen disposiciones que permiten el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin que necesariamente se requiera la presencia de una persona adulta en determinados casos. Asimismo, señaló que cuando se trata de menores víctimas de violencia dentro del entorno familiar, el Estado tiene obligaciones específicas de protección.
Las colectivas también exigieron combatir la desinformación y el estigma que persisten alrededor del aborto, al considerar que quienes solicitan este servicio no deben ser juzgadas ni condicionadas. El objetivo, señalaron, es que cada persona pueda contar con información suficiente para tomar una decisión y, en caso de optar por la interrupción del embarazo, hacerlo bajo condiciones seguras.
Finalmente, demandaron mayor transparencia en las estadísticas oficiales y una verdadera rendición de cuentas. Quieren conocer no solamente cuántos servicios se brindan, sino también cuáles son los tiempos de espera, cuántas personas reciben una negativa, qué quejas se presentan, cuáles son las principales barreras de acceso y qué ocurre con las investigaciones relacionadas con aborto.