El reporte advierte que el estigma puede traducirse en negligencia médica, ocultamiento o alteración de información clínica y vulneraciones al debido proceso.
México (Marcrix Noticias)-En México, el aborto ha sido despenalizado durante el primer trimestre de la gestación en 24 de las 32 entidades federativas. Sin embargo, organizaciones denuncian que en los centros de salud persisten negligencias y prácticas dirigidas a “castigar” a las personas que buscan acceder a este servicio, o incluso a quienes presentan emergencias como abortos espontáneos.
Aunque la criminalización ya no siempre trasciende a un ámbito penal, el estigma alrededor del aborto genera un ambiente propicio a diversas formas de violencia institucional, que provocan incertidumbre y angustia en las personas que acuden a recibir el servicio, advirtió un reporte publicado en septiembre de 2026 por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El documento, titulado “Cómo se vive la criminalización” analizó diversos casos que recibieron acompañamiento legal por parte de la organización y encontró seis patrones que permiten entender cómo opera la criminalización del aborto en el país.
Esto, a pesar de que desde el 2021 existe el Lineamiento Técnico para el Aborto Seguro en México, instrumento de política pública emitido por el gobierno federal y actualizado en 2022.
Estas prácticas —que incluyen negligencias como retrasar la atención médica o distorsionar la información clínica de las pacientes— suceden en todo el país, advirtió GIRE.
Además, alertaron que estas formas de sanción social y prácticas discriminatorias “profundizan las desigualdades estructurales y afectan de manera desproporcionada a quienes enfrentan mayores barreras de acceso a la salud”.
¿Cómo funciona la criminalización en los centros de salud?
De acuerdo con la investigación de GIRE, la criminalización comienza desde que el personal médico asume una conducta delictiva relacionada con el aborto cuando una mujer llega al hospital con síntomas como una hemorragia, que también podría corresponder a otras emergencias obstétricas.
Esta primera suposición determina la forma en que el personal trata al paciente y puede construir una narrativa de culpa, por lo que GIRE la nombró “imposición de los hechos”.
El otro patrón detectado por la asociación fue la negligencia médica ante la sospecha de aborto, por lo que pueden negar la atención, retrasarla o darla incompleta, “por la idea de que ciertas conductas deben ser castigadas”.
El tercer patrón de criminalización identificado fue la acción deliberada de “mantener en estado de incertidumbre” al negar la información clínica, lo que se utiliza como herramienta de control, por ejemplo, para lograr que la mujer acceda a un interrogatorio. GIRE acusó que esto genera “vulnerabilidad extrema”, sobre todo en los casos en los que la atención médica es urgente.
Otra forma en la que el personal médico criminaliza el aborto es al distorsionar la información clínica, por ejemplo, al aumentar más semanas de gestación en el expediente, lo que podría obstaculizar el acceso al aborto legal, de acuerdo con GIRE.
Además de dichas formas simbólicas de criminalizar el aborto, GIRE denunció que también persisten la activación de procesos penales y las vulneraciones al debido proceso, la “expresión más visible y agresiva de la criminalización”, al interrogar a personas que acaban de pasar por una intervención médica sin presencia de abogados e incluso esposándolas a las camas de los hospitales.
Para GIRE, lo anterior muestra que el hecho de que el aborto permanezca como delito en los códigos penales después de las 12 semanas “contamina la consulta” y “trastoca la manera en que el personal de salud entiende su propio deber de cuidar”.
De las leyes al acceso: los pendientes
Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021, en la que el máximo tribunal determinó que es inconstitucional criminalizar de manera absoluta el aborto, persiste una pregunta: ¿el acceso gratuito, legal y seguro es ya una realidad en México?
La respuesta es negativa. En el país, aún existen 7 entidades que siguen penalizando el aborto voluntario (Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Durango) y una en el que solo está permitido durante las primeras seis semanas de gestación (Aguascalientes).
Además, de acuerdo con un informe de agosto de 2026 publicado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en las entidades en las que sí se permite, su acceso continúa limitado.
En el documento, titulado “Voces por el Derecho a Decidir” se documentó que existen obstáculos como el desconocimiento de las personas gestantes sobre sus derechos.
“Las mujeres no conocen sus derechos…sobre todo mujeres que no hablan español, que hablan una lengua indígena y ellas son las más afectadas en este sentido al no contar con información en sus lenguas”, dijo Matilde Pérez Romero, abogada e investigadora de la organización.
“Otra cosa es que los servicios están en capitales, en zonas densamente pobladas…hay estados que son tan amplios que para llegar a esos servicios una mujer tiene que trasladarse muchísimas horas y a lo mejor no tiene los recursos…Entonces, acaban en abortos clandestinos y eso también las pone en una situación de vulnerabilidad”, abonó Janet Oropeza, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Waterloo y también autora del informe.
Las investigaciones de la sociedad civil y los testimonios de las mujeres recabados muestran que, a pesar de los avances legislativos, en México persiste un estigma en torno al aborto que abarca la esfera legal, médica y social, y se traduce en prácticas que afectan varios derechos, como el acceso a la salud y a la atención digna y oportuna.