La desaparición del Ayuntamiento cerró una cadena de hechos que alcanzó al alcalde, la Policía Municipal y finalmente al gobierno electo.
Oaxaca (Marcrix Noticias).- La desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza no comenzó con la votación de 35 diputados la noche del 25 de septiembre. Fue el desenlace de una crisis de seguridad y gobernabilidad que acumuló episodios de violencia, investigaciones contra funcionarios, detenciones dentro de la estructura municipal y que, en menos de 72 horas, dejó al municipio sin alcalde, sin un relevo que asumiera el cargo y con su Policía intervenida por fuerzas estatales y federales.
El Congreso de Oaxaca terminó por declarar desaparecido al Ayuntamiento con 35 votos a favor y ninguno en contra, después de que el gobernador Salomón Jara solicitara formalmente la medida. Pero para entonces, buena parte de la estructura que sostenía al gobierno municipal ya se encontraba bajo presión de las autoridades.
La decisión legislativa cerró así un capítulo que se había acelerado apenas dos días antes, aunque sus antecedentes se remontan a una crisis de violencia que ya había colocado a Juchitán bajo vigilancia estatal.
La violencia puso a Juchitán bajo la lupa
Juchitán arrastraba desde meses atrás una escalada de hechos violentos y disputas entre grupos delictivos.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha señalado al municipio como uno de los puntos de mayor concentración de violencia en la región del Istmo y ha identificado la operación de al menos tres células relacionadas con organizaciones criminales, de acuerdo con información oficial retomada por El Universal.
La situación ya había provocado una primera intervención de la seguridad municipal. En junio de 2025, autoridades estatales y federales desplegaron la Operación Sable, mediante la cual tomaron el Centro de Control y Comando C2, desarmaron temporalmente a policías y revisaron al personal ante investigaciones sobre posibles vínculos delictivos. La crisis, sin embargo, continuó.
Las investigaciones alcanzaron a la Policía Municipal
Uno de los puntos de quiebre llegó cuando las investigaciones dejaron de concentrarse únicamente en los grupos criminales y alcanzaron a funcionarios encargados de la seguridad pública.
Entre ellos se encuentra John Keny “N”, excomisionado de Seguridad Pública Municipal, detenido e investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y la seguridad del Estado.
La Fiscalía de Oaxaca ha relacionado al exmando con una investigación sobre presunta protección institucional a una célula delictiva. Estas imputaciones forman parte de un procedimiento judicial y deberán acreditarse ante los tribunales.
La detención convirtió a la propia corporación municipal en una pieza de la investigación. El alcalde es detenido y el gobierno queda descabezadoLa crisis llegó directamente a la Presidencia Municipal el 23 de septiembre, cuando fue detenido el alcalde Miguel Sánchez Altamirano junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”.
La Fiscalía estatal los acusa de presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Sánchez Altamirano permanece sujeto a proceso y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
La captura tuvo una consecuencia inmediata: Juchitán quedó sin presidente municipal en funciones.Todavía existía una salida institucional ordinaria. Mariano Rosado López, suplente de Sánchez Altamirano, podía asumir la Presidencia Municipal, pero tampoco ocurrió.
El domicilio de Rosado López fue cateado durante los operativos realizados el mismo día de la captura del alcalde y el suplente no se presentó para tomar las riendas del Ayuntamiento. Posteriormente informó que había recibido amenazas desde su incorporación a la administración pública.Con el alcalde detenido y el suplente fuera de escena, la crisis de seguridad se convirtió también en un vacío de poder municipal.
Fuerzas federales desarman a la Policía
La siguiente pieza cayó en la estructura de seguridad. Fuerzas de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y Fiscalía de Oaxaca intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.
Los agentes municipales fueron desarmados para revisar el armamento y las autoridades asumieron el control del C2. Paralelamente, más de 250 elementos estatales y federales fueron desplegados para mantener la seguridad en Juchitán.
En cuestión de horas, el municipio había perdido el control efectivo de dos áreas fundamentales de su gobierno: la Presidencia Municipal y la seguridad pública.
El Ayuntamiento se queda sin salida institucional
Fue en ese escenario cuando Salomón Jara solicitó al Congreso la desaparición del Ayuntamiento.
La propia Secretaría Municipal manifestó su disposición a que las autoridades estatales y legislativas adoptaran las medidas necesarias para mantener funcionando la administración y los servicios públicos.
Para entonces, la posibilidad de una sucesión convencional prácticamente se había cerrado: el presidente municipal estaba detenido, el suplente no había asumido y la seguridad había quedado bajo control estatal y federal.
La noche del jueves 25 de septiembre, el Congreso celebró una sesión extraordinaria y aprobó con 35 votos a favor y cero en contra la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.
La resolución no elimina al municipio de Juchitán de Zaragoza. Termina con el Ayuntamiento electo que encabezaba Sánchez Altamirano y permite establecer una administración temporal para garantizar la continuidad del gobierno municipal.
La votación legislativa, por tanto, no originó la crisis. Marcó su desenlace institucional: una cadena de investigaciones, detenciones y operaciones de seguridad terminó alcanzando primero a la Policía, después al alcalde, bloqueó la sucesión y finalmente dejó sin continuidad al gobierno municipal electo.