Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La Fiscalía General de la República (FGR) habría incurrido en un error durante el operativo en el que fueron asegurados 59 millones de litros de combustible en un centro de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, en San José Iturbide, Guanajuato, pues fuentes de la propia institución señalaron que el hidrocarburo no sería “huachicol fiscal”.
De acuerdo con fuentes de la FGR, el aseguramiento realizado el pasado 17 de septiembre derivó además en la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía en Guanajuato. Según la misma información, Norma Quevedo Vázquez, con experiencia dentro de la institución federal, sería considerada para ocupar ese cargo.
Presentan decomiso en Guanajuato como el más grande de la historia
El operativo fue presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el llamado huachicol fiscal durante el actual sexenio. El primero en dar a conocer el aseguramiento fue el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, y horas después la propia FGR confirmó públicamente el decomiso.
Sin embargo, posteriormente surgieron elementos que ponen en duda la versión inicial sobre la legalidad del combustible asegurado y, particularmente, sobre la empresa contra la que estaba dirigida la orden judicial.
La orden de cateo, según la información conocida, no estaba dirigida contra Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente al grupo SIMSA, sino contra una compañía denominada Gas del Noreste, que no tendría registro ante las instancias correspondientes del gobierno.
Tras el operativo, Gas Natural del Noroeste sostuvo que cuenta con los permisos otorgados por los tres órdenes de gobierno para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburos en sus instalaciones.
La empresa también rechazó que el combustible de sus clientes fuera de procedencia ilegal y aseguró haber entregado a la FGR la documentación que acreditaba la legalidad del hidrocarburo almacenado.
El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se realizó el aseguramiento y la procedencia del combustible.
El caso podría representar un giro respecto de la versión inicial del operativo, particularmente por la diferencia entre la empresa señalada en la orden de cateo y la compañía en cuyas instalaciones fueron asegurados los 59 millones de litros de combustible.