El lunes al mediodía en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, inició la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga” con el foro titulado “Ayotzinapa, 12 años de lucha por los 43”
México (Marcrix Noticias)-El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha estancado en el tema de las funerarias y el Semefo de Iguala para deslindar al Ejército de su implicación en el delito, alertaron madres, padres y organizaciones de derechos humanos al arrancar la jornada de lucha por los 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“A estas alturas no estamos dispuestos a retroceder con migajas”, dijo Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González.
Mientras que el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, dijo que el Estado mexicano está sujeto al derecho internacional donde no cabe ningún criterio de reserva o clasificación de información civil y militar que obstruya la investigación para esclarecer lo que ocurrió con los jóvenes, en referencia a la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de entregar 830 folios de información previa, durante y después de la noche de Iguala.
Este lunes al mediodía en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, inició la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga” con el foro titulado “Ayotzinapa, 12 años de lucha por los 43”.
Participaron como ponentes Alan García Campos, de la ONU-DH México; Sofía de Robina, primera visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México; Alicia de los Ríos, hija buscadora de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978, y Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
No se presentó Luis Hernández Navarro, escritor y coordinador de la sección de Opinión del diario La Jornada. La participación del periodista estaba programada.
Las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos flanquearon a los ponentes. En la primera fila estuvieron activistas y maestros.
El comedor habilitado como auditorio estuvo repleto de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes hicieron retumbar el plantel con la consigna que tiene sus raíces en los reclamos de familiares de víctimas de la guerra sucia “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
La presentación, bienvenida y cierre lo hicieron Melitón Ortega Jiménez, vocero de las madres y padres de los 43; Hilda Legideño Vargas y Emiliano Navarrete, madre y padre de los jóvenes desaparecidos.
Participó un integrante de la FECSM, quien dijo que la lucha de los padres se ha vuelto interminable, “una gran lucha ante la gran indiferencia que se tiene con las autoridades”.
Pero a pesar de que la impunidad se ha apoderado del caso, dijo, Ayotzinapa y los padres son un ejemplo de resistencia.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado del caso Ayotzinapa, moderó el foro. En sus intervenciones dijo que lamentan llegar a 12 años sin tener el paradero de los normalistas.
Recordó que desde que las madres y padres supieron que sus hijos estaban siendo agredidos en Iguala aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 emprendieron una lucha, una larga lucha que está a punto de cumplir 12 años y que en el camino han muerto seis padres y dos madres.
Entre las víctimas están Minerva Bello Guerrero (el 5 de febrero de 2018) y Francisco Rodríguez Morales (21 de agosto de 2026), padres del normalista, Everardo Rodríguez Bello.
“Han tenido que soportar los embates del Estado mexicano y las enfermedades, a 12 años este es el dolor que siguen cargando, no sólo el desprecio de las autoridades”, dijo.
El abogado señaló que en los meses recientes el caso Ayotzinapa lejos de seguir avanzando, se ha visto cómo de manera intencionada el gobierno de México está tratando de cerrar líneas de suma importancia para los padres, como la del Ejército.
Las otras tres líneas que plantearon desde el 2014 fueron la de la telefonía de los jóvenes y de las autoridades; el trasiego de droga desde Iguala y la participación de la Policía Municipal de Huitzuco, pero no se han tocado.
“El 9 de julio (último) vimos cómo la CNDH emitió un informe del caso Ayotzinapa, lamentable en la forma porque nunca hubo un acercamiento a los padres y madres para informarles que se avecinaba”.
Y lamentable en el cuerpo de la recomendación que protege al Ejército, agregó Vicario Aguilar.
Recordó que el 19 de febrero de 2026 el juzgado quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó al Ejército entregar los 853 folios de información de inteligencia relacionados al caso a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no ha cumplido.
“Por eso lamentamos que esa línea se pretenda cerrar y que el caso quedé en el olvido. Apostándole al desgaste y al cansancio de los padres de los 43, que su único interés es saber la verdad”.
Alan García Campos dijo en su participación que la exigencia de verdad y de justicia se mantiene intacta a 12 años de un hecho que nunca debió ocurrir y una herida que nunca debió producirse.
Aseguró que el GIEI, a partir de un acervo documental, demostró que los jóvenes fueron objeto de acciones arbitrarias e indebidas.
“Los estudiantes normalistas históricamente han sido blanco de acciones de control y seguimiento al considerarles herederos de acciones contestatarias frente al Estado, las cuales también ocurrieron en 2014″.
La misma noche del 26 de septiembre, dijo, los estudiantes fueron blanco de seguimiento de inteligencia por parte de autoridades militares.
“Se suma una serie de evidencias acerca del papel que jugaron distintas corporaciones y autoridades federales, estatales y municipales alrededor de la confabulación criminal que llevó a la desaparición forzada de los 43 chicos, pero también el asesinato de otros tres jóvenes”.
Indicó que evidencias como estas hacen particularmente llamativo que el Estado mexicano pretenda eximir de responsabilidad a elementos de corporaciones en donde hay un acervo probatorio.
El represente de la ONU afirmó que se acrecienta la responsabilidad de un Estado porque a través de algunos de sus agentes tenía conocimiento de la situación de riesgo real e inminente al que se enfrentaban los jóvenes en aquella fatídica noche.
“El derecho internacional y la convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones indican de manera clara que se deben de abrir todos los archivos, todo el acervo documental en posesión del Estado.
“Que los aparatos de inteligencia y de seguridad civiles y militares tienen que estar a disposición de la verdad, de los esfuerzos de esclarecimiento y acceso a la justicia”.
Aseguró que no cabe ningún criterio de reserva o de clasificación que pueda obstruir que las autoridades investiguen y esclarezcan lo que ocurrió en el caso Ayotzinapa. Al igual que la infausta etapa de la Guerra Sucia.
“En estos casos ha habido una resistencia endémica por permitir que se acceda a esos archivos fundamentales para el acceso a la verdad”, dijo.
El defensor de Derechos Humanos, Abel Barrera Hernández, pronunció un mensaje contundente y de apoyo a los padres.
Señaló que los seis informes del GIEI no los han leído las nuevas autoridadesy aun así han descalificado el trabajo y aporte que echó abajo la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Rememoró que las madres y padres fueron a refrendar el apoyo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en Iguala y que ahí se comprometió a investigar y a dar con los 43 jóvenes.
“Al cuarto año reculó cuando supo y cuando había declarado Alejandro Encinas que el caso Ayotzinapa era un crimen de Estado y que estaban involucrados actores del Ejército, de la Policía y de un sin número de personajes truculentos”.
La investigación del GIEI, dijo, constató el involucramiento en varios momentos del Ejército, desde la infiltración que tenía en la Normal inscribiendo a militares como estudiantes.
Luego cuando le dieron seguimiento a los movimientos de los jóvenes desde Chilpancingo a Iguala.
“Los monitoreó con el C4 y estuvo (el Ejército) en la clínica Cristina cuando quiso llevarse a los estudiantes que estaban heridos”.
El informe que ha dado la Defensa, dijo, es que no sabían qué había pasado esa noche en Iguala, cuando todo mundo sabía la persecución encarnizada que estaban enfrentando los estudiantes.
“Por eso no podemos permitir que se sigan tolerando las posturas tibias de las autoridades para no tocar al Ejército”.
Recordó que en la “guerra sucia” más de 800 personas desaparecieron y los perpetradores principales fueron los militares, pero que ninguno fue investigado ni está en la cárcel por el delito de desaparición forzada y que son pocos los expedientes que se conocen para investigarlos.
Tampoco el Estado mexicano ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que dictó en 2009 de investigar al Ejército en el caso de la desaparición ocurrida en Atoyac en 1974 del cantante de corridos de Lucio Cabañas, Rosendo Radilla Pacheco.
Tampoco hay ninguna investigación sobre los vuelos de la muerte que se realizaban en la Base Aérea Militar 7 de Pie de la Cuesta en Guerrero.
¿En qué país estamos? ¿en el país de las tragedias, de la impunidad?, ¿dónde está el entramado delincuencial entre los actores gubernamentales, por qué no se quiere romper con ese pacto?, ¿el sistema no debe de tocar a los elementos del Ejército para que persista la estabilidad en México?, cuestionó Barrera Hernández.
Las madres y padres albañiles, mezcaleros, costureras y campesinos, dijo, están construyendo la base de la dignidad para transitar hacía la verdad, a pesar de estar muy desgastados.
“12 años son un chingo para el sufrimiento de tantas noches y tantos días en que no pueden ver cara a cara a sus hijos”.
El amor por sus hijos, afirmó, ayudará a romper con las estructuras criminales y para exigir que el Estado deje de proteger a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad.
El defensor se refirió a la nueva narrativa que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha estado construyendo para presentarla en el 12 aniversario del caso Ayotzinapa.
“Ahora dicen que en Iguala en las funerarias hay indicios donde el GIEI no investigó. Es peligroso porque está ganando la narrativa que los 43 jóvenes fueron desaparecidos y calcinados.
“Casi lo van a recomponer (la verdad histórica). Resulta que ahora encontraron nuevas líneas de investigación con las llamadas que están hurgando donde aparece la familia Rueda (dueña de la funeraria que tenía la concesión del Semefo) que se comunicó con algunos sicarios en esa noche del 26 y que por lo tanto ahora están en la cárcel.
“En síntesis: el Ejército no tiene nada que ver, fueron invenciones, fantasías, ficciones”.
Pidió a los presentes no permitir esa narrativa que van a dar en el informe del caso los próximos días.
“Esperemos que se escuchen versiones que tengan veracidad no las que se están politizando y tratando de salvarle el pellejo al Ejército”.
Emiliano Navarrete cerró el foro. Expresó que le llena de rabia mirar esa frialdad de parte de las autoridades hacía la desaparición de personas.
“Hierve la sangre ver cómo utilizan el poder para humillarte, para pisotear tu dignidad, es algo, que no alcanzo a comprender, son las peores personas que he visto”.
Pidió valorar si existen elementos para llevar al Estado mexicano a un juicio y penal internacional para que el caso no quede en la impunidad.
“No pienso regresar a la casa a vivir supuestamente feliz, ya nos tocó esto y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, si desistimos para el Estado mejor, se lava las manos.
“A estas alturas no estamos dispuestos a retroceder con migajas”.
La presidenta de México, dijo, ha menospreciado los informes del grupo de expertos y que sólo le da validez a los que está haciendo su nuevo fiscal.
“Por ejemplo, ahora que ya se cerraron con las funerarias y el Semefo y de ahí no pueden salir, está ganando tiempo y tenemos que hacer algo, estamos permitiendo el estancamiento de las investigaciones”, concluyó.