Alux 33 inició construcciones sin una Manifestación de Impacto Ambiental federal
Cancún (Marcrix Noticias).- La Justicia Federal concedió un amparo a ciudadanos y determinó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) carecía de competencia legal para autorizar en materia de impacto ambiental el proyecto condominal “ALUX 33”, ubicado en Puerto Morelos, al estar relacionado con un ecosistema de humedal costero, específicamente manglar.
La resolución fue emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo dentro del juicio de amparo 959/2025-G-1, promovido contra actos de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMA.
De acuerdo con la sentencia, el artículo 28, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que corresponde a la Federación evaluar el impacto ambiental de obras y actividades realizadas en humedales, ecosistemas costeros, manglares y otros cuerpos de agua conectados con el mar.
El Juzgado también recordó que la legislación ambiental de Quintana Roo limita las facultades del estado a aquellas obras y actividades que no sean competencia de la Federación. Bajo este criterio, concluyó que la SEMA no podía asumir la evaluación y autorización de un proyecto relacionado con un humedal costero como el manglar.
SEMA ya había advertido sobre el manglar
Uno de los elementos considerados en la resolución fue que la propia SEMA había emitido previamente una opinión técnica relacionada con el proyecto, en la que señaló que éste no cumplía con la NOM-022-SEMARNAT-2003, referente a la protección de humedales costeros y manglares.
Asimismo, en dicha opinión se había señalado la remoción de vegetación de manglar y posibles incumplimientos a disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
El Juzgado rechazó además el argumento de que la ausencia de vegetación de manglar dentro del predio al momento de emitirse la autorización pudiera servir para justificar la competencia estatal, al considerar la relación del proyecto con el ecosistema de humedal costero.
A esto se sumaron pronunciamientos de otras autoridades ambientales, entre ellas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que habían señalado que el proyecto no era congruente con la legislación aplicable a los humedales y manglares de la zona.
Finalmente, la autoridad federal negó la autorización de impacto ambiental para el proyecto.
Ordenan dejar sin efectos autorización de SEMA
Como consecuencia del amparo, el Juzgado determinó que, una vez que la sentencia cause ejecutoria y se requiera su cumplimiento, la SEMA deberá dejar insubsistente la resolución de impacto ambiental contenida en el oficio SEMA/DS/SGPA/DIRA/1522/2025, con clave MIAO-011-VI-25-0109, emitida el 24 de junio de 2025 y relacionada con el proyecto “ALUX 33”.
Además, deberá emitir una nueva resolución en la que determine que carece de competencia legal para resolver el procedimiento de autorización de impacto ambiental del proyecto y se abstenga de ejercer atribuciones que corresponden a la autoridad federal.
La sentencia establece expresamente que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMA “no es legalmente competente” para emitir una autorización de manifestación de impacto ambiental respecto de un predio en el que existe un ecosistema de humedal costero como el manglar.
Con ello, el caso no se limita a una diferencia de criterios técnicos entre autoridades ambientales, sino que el fallo se centra en la competencia legal de la autoridad que emitió la autorización.
A partir de la resolución, ciudadanos y organizaciones ambientales plantearon que el caso ALUX 33 sea considerado como un precedente para la actuación de la autoridad ambiental estatal.
También solicitaron revisar otros procedimientos y autorizaciones de impacto ambiental emitidos por la SEMA en proyectos que pudieran involucrar manglares, humedales, ecosistemas costeros, zonas federales u otros supuestos cuya evaluación corresponda a la Federación.
Los promoventes señalaron que la sentencia debe ser acatada en sus términos y llamaron a las autoridades ambientales de Quintana Roo a respetar los límites establecidos por la legislación federal en materia de impacto ambiental.