La reforma obligaría a aspirantes presidenciales y a gubernaturas a renunciar a cualquier otra nacionalidad.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).— La reforma constitucional que busca impedir que personas con doble nacionalidad sean candidatas a la Presidencia de México, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó este martes en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer expresamente que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana.
Esto significa que una persona con doble nacionalidad no quedaría automáticamente impedida de competir: podría hacerlo siempre que renuncie a su otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidata.
La propuesta también establece que, una vez en el cargo, el Presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte o identificación expedida por otro Estado, ejercer derechos políticos correspondientes a una ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.
El argumento del Ejecutivo federal es que quienes encabecen estos cargos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México, evitando posibles conflictos de interés con otros Estados. La Comisión de Puntos Constitucionales sostiene que la medida no parte de considerar desleales a las personas binacionales, sino de establecer una condición especial para quienes ejerzan los principales cargos ejecutivos del país.
Sin embargo, la reforma todavía no está aprobada definitivamente. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó que después del trámite en comisión y su publicidad, el proyecto podría someterse al Pleno de San Lázaro entre el 21 y 23 de septiembre.
Al tratarse de una reforma constitucional, después de ser aprobada por la Cámara de Diputados tendría que pasar al Senado y posteriormente obtener el aval de al menos 17 congresos estatales para completar el procedimiento constitucional.