Una mujer identificada como Lulú “N” habría cobrado entre 200 y 700 pesos con la promesa de incorporar a personas a “Comamos Todos” y “Mujer es Poder”.

Cancún(Marcrix Noticias).- Más de 700 personas habrían sido víctimas de un presunto fraude en Cancún, luego de entregar dinero a una mujer que supuestamente les prometió facilitar su incorporación a los programas sociales estatales “Comamos Todos” y “Mujer es Poder”.

Los afectados denunciaron públicamente el caso y acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) para señalar a una mujer identificada como Lulú “N”, quien presuntamente solicitaba pagos que iban desde los 200 hasta los 700 pesos por persona.

De acuerdo con los testimonios, los primeros contactos comenzaron en febrero de este año a través de redes sociales. La mujer supuestamente ofrecía agilizar el acceso a los apoyos estatales y posteriormente indicaba a los interesados que debían realizar un depósito para continuar con el trámite.

Ante la necesidad de acceder a los programas, varias personas aceptaron la propuesta y transfirieron las cantidades solicitadas a cuentas o referencias bancarias que presuntamente les fueron proporcionadas.

Sin embargo, los apoyos prometidos nunca habrían llegado y, con el paso de los meses, los afectados comenzaron a organizarse y descubrieron que el número de personas en la misma situación sería considerablemente mayor.

Según los denunciantes, serían más de 700 posibles víctimas, muchas de ellas habitantes de la colonia Donceles 28 de Cancún. También aseguran contar con comprobantes de los depósitos y otras evidencias de las operaciones realizadas.

Los afectados señalaron además que Lulú “N” presuntamente sería servidora pública, aunque hasta el momento no han precisado la dependencia o área gubernamental en la que supuestamente labora.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de la FGEQROO para investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. También pidieron al Gobierno de Quintana Roo revisar el caso ante el presunto uso de programas sociales como argumento para solicitar dinero.

Será la investigación de las autoridades la que determine si existió un fraude, el número total de personas afectadas y si la mujer señalada tiene algún vínculo laboral con el servicio público.

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