Familia acusa que un préstamo de 1.8 millones terminó con la pérdida de un inmueble heredado hace más de 50 años. El responsable sería un primo.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Los miembros de una familia en la Ciudad de México se enfrentan por un presunto despojo de vivienda a través de un esquema “gota a gota”. Un ciudadano llamado Martín Díaz acusó a su primo, Roberto Miranda Díaz, mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia capitalino, de utilizar un préstamo y un convenio de mediación para quedarse con parte de un inmueble.
El conflicto involucra una propiedad ubicada en Sur 79, número 4368, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, construida hace más de 50 años por el abuelo de Martín y posteriormente heredada a sus tres hijos.
De acuerdo con el testimonio de Martín publicado por La Silla Rota, Miranda ofreció a su tío Rafael Antonio Díaz López un préstamo para realizar trámites relacionados con la propiedad.
La operación habría sido por un millón 824 mil pesos, pagaderos en 12 mensualidades, y posteriormente quedó respaldada mediante un convenio de mediación registrado ante el Registro Público de la Propiedad.
Familia asegura que Rafael Díaz nunca firmó el convenio
Los hijos de Rafael sostienen que el préstamo inicialmente se realizó de palabra y en efectivo, pero posteriormente apareció el convenio que establecía parte del inmueble como garantía.
La familia asegura que Rafael nunca firmó ese documento y sostiene que la rúbrica fue falsificada.
Rafael presentó en 2019 una denuncia por fraude procesal contra Roberto Miranda y Eduardo Campos Cruz, quien también aparece relacionado con el préstamo. El convenio habría sido conducido por Guillermina Sánchez Nieto, mediadora privada y esposa de Campos. La denuncia quedó asentada ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
La familia argumentó además que Rafael tenía problemas de salud y movilidad que, según su versión, le impedían acudir al lugar donde supuestamente se realizó la firma del documento.
Martín aseguró que posteriormente obtuvieron una resolución favorable relacionada con la autenticidad de la firma, aunque su padre terminó desistiendo del procedimiento después de que Miranda acudiera a pedirle perdón. Rafael murió de un infarto en 2020.
Convenio fue ejecutado después de la muerte del propietario
Según la denuncia de Martín, después de la muerte de su padre, Miranda utilizó el convenio de mediación para reclamar la parte del inmueble establecida como garantía. El procedimiento culminó en 2023 con el desalojo de Martín y su hermano.
“Llegan con al menos 200 personas, entre ellos cerrajeros para rápido volar las chapas y cambiarlas, pusieron rejas, eso parecía una prisión improvisada. Nos sacan, sacan las cosas que teníamos en la calle y nos golpean”, relató Martín.
Después del operativo, según el denunciante, Miranda quedó en posesión del inmueble.
La familia busca actualmente continuar la investigación sobre la autenticidad de la firma utilizada en el convenio.
Denunciante afirma que Fiscalía perdió la carpeta
Martín sostiene que solicitaron un peritaje para establecer si la firma correspondía efectivamente a su padre, pero aseguró que la Fiscalía capitalina les informó que la carpeta de investigación “se había perdido”.
“Pediríamos que encuentren nuestra carpeta perdida, que nos den nuestra carpeta, que nos dejen terminar la investigación, que nos dejen hacer el peritaje de la firma a ver si es cierto”, declaró.
La Fiscalía de la Ciudad de México no había respondido a la solicitud de información realizada por La Silla Rota hasta la publicación de su investigación.
El Tribunal Superior de Justicia capitalino tampoco había respondido sobre la actuación de mediadores privados certificados señalados en casos de presunto despojo.
Exesposa también acusa al mediador
Las acusaciones contra Miranda no proceden únicamente de sus familiares. Su exesposa, Lucía Sotelo, también lo señaló públicamente por presuntamente utilizar su condición de mediador privado para realizar operaciones relacionadas con inmuebles.
Según Sotelo, Miranda ofrecía préstamos a personas necesitadas de dinero, utilizaba propiedades como garantía y formalizaba las operaciones mediante convenios de mediación que posteriormente podían servir para iniciar procedimientos de desalojo.
La mujer asegura que después de divorciarse en 2023 enfrentó un mecanismo similar relacionado con una vivienda que ambos habían adquirido en la colonia Lomas de las Águilas.
Las acusaciones de Martín Díaz y Lucía Sotelo corresponden a sus respectivos testimonios y deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
En el caso del presunto despojo de vivienda en Viaducto Piedad, la familia mantiene su exigencia de recuperar la carpeta de investigación y realizar el peritaje de la firma que, asegura, permitió ejecutar el convenio.