Los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía, en la que acusan a funcionarios de cobrar entre 5 mil y 20 mil pesos para facilitar trámites, evitar multas y frenar inspecciones.
Playa del Carmen (Marcrix Noticias).– Hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios de Playa del Carmen denunciaron ante la Fiscalía de Quintana Roo presuntos actos de corrupción, amenazas y extorsión atribuidos a servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del municipio.
De acuerdo con la denuncia penal con folio FGE/QR/SOL/DEL/4369/2026, presentada el pasado 6 de agosto, los afectados aseguran que funcionarios municipales presuntamente solicitan pagos de entre 5 mil y 20 mil pesos, dependiendo del giro comercial, a cambio de “regularizar” la situación de los establecimientos y evitar nuevas inspecciones o sanciones.
Los denunciantes, dedicados desde hace aproximadamente dos décadas a servicios de hospedaje, alimentación, bebidas y entretenimiento para el sector turístico, señalaron que los presuntos cobros estarían relacionados con trámites para elaborar Programas Internos de Protección Civil, condonar multas, autorizar anuencias, solventar inspecciones y aprobar licencias de funcionamiento.
Según lo asentado en la denuncia, cuando los propietarios no acceden a las peticiones, continúan las visitas de inspección y se imponen multas por distintas anomalías detectadas en los establecimientos, situación que los empresarios consideran una forma de presión.
Los afectados señalaron que estas prácticas se presentarían desde abril de 2026 y atribuyeron presuntos abusos, actos intimidatorios, amenazas y malas prácticas a personal de la Secretaría de Protección Civil municipal, dependencia encabezada por Darwin Manuel Covarrubias Góngora.
En la denuncia también se señala que uno de los episodios más recientes ocurrió durante la mañana del 7 de julio, y que las revisiones se habrían intensificado contra establecimientos que utilizan gas LP.
Los empresarios afirmaron que inspectores han señalado supuestas irregularidades relacionadas con este combustible y que, en algunos casos, proceden con multas o cierres pese a que los establecimientos aseguran contar con Dictamen de Protección Civil y peritajes de gas que incluyen diagramas, así como pruebas de tanques y válvulas de seguridad con una antigüedad no mayor a cinco años.
Asimismo, los denunciantes sostienen que los presuntos cobros se realizarían de manera coordinada con las áreas municipales de Cobranza y Fiscalización, y en su denuncia mencionan a Julián Lara Maldonado e Hilario San Pedro Perera como personas vinculadas a dichas áreas.
Los comerciantes y hoteleros también solicitaron la intervención del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al manifestar temor por posibles represalias y pedir garantías para su integridad y la continuidad de sus actividades económicas. Esta solicitud quedó asentada en la denuncia FGR/ATN/4689/2026.
Los denunciantes también hicieron referencia a señalamientos previos contra Covarrubias Góngora y mencionaron presuntos vínculos con células del crimen organizado. Estas acusaciones forman parte de lo expresado por los empresarios y no se acompañan, en la información proporcionada, de una resolución judicial que las acredite.
Además, compararon lo ocurrido en Playa del Carmen con denuncias presentadas por comerciantes, empresarios y hoteleros de Isla Mujeres contra servidores públicos de aquel Ayuntamiento, dentro de la carpeta de investigación FGE/QROO/FECDSYE/03/21/2026.
Los afectados señalaron que los presuntos cobros indebidos representan una carga económica para los establecimientos y aseguraron que algunos negocios incluso han enfrentado dificultades para continuar operando.
Finalmente, indicaron que también utilizan un número del Ayuntamiento para realizar de manera confidencial denuncias relacionadas con corrupción, extorsión o abusos de servidores públicos.
Sin embargo, los empresarios aseguran que sus reportes no han recibido respuesta ni seguimiento, por lo que recurrieron a las instancias ministeriales para denunciar los hechos y solicitar que se investigue la actuación de los funcionarios señalados.
Con información de La Jornada.