El expresidente aseguró que no será intimidado y acusó al gobierno de buscar responsabilizarlo de las protestas para desviar la atención de la crisis que enfrenta el país.
Bolivia (Marcrix Noticias).– El expresidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a la nueva orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, y aseguró que no será intimidado por las autoridades.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Morales informó que el gobierno lo acusa de los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, además de responsabilizarlo de las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre”, escribió el exmandatario, quien calificó el proceso en su contra como una persecución política.
Asimismo, acusó al gobierno de intentar desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia.
“A mi juicio, buscan responsabilizarme de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, expresó.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
🚨Evo Morales responde a nueva orden de aprehensión en su contra
— Azucena Uresti (@azucenau) July 30, 2026
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó a través de un mensaje en redes sociales, aseguró que las autoridades buscan responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para desviar la atención de la crisis… pic.twitter.com/h5rqjZBwj7
La Fiscalía boliviana investiga a Evo Morales por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación también involucra a otros dos dirigentes sindicales y se originó a partir de una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
Las autoridades sostienen que grupos afines al exmandatario respaldaron los bloqueos de carreteras realizados durante siete semanas entre mayo y junio, principalmente en el occidente y centro del país.
Las movilizaciones, impulsadas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por la falta de atención médica derivada de los bloqueos.
De acuerdo con cifras oficiales, las protestas ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.
Aunque Morales ha negado haber promovido la renuncia de Rodrigo Paz, el pasado 24 de mayo publicó un mensaje en el que afirmó que el mandatario tenía únicamente dos opciones ante la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio para recuperar el control de las carreteras.
Posteriormente, elementos de la Policía y del Ejército fueron desplegados para retirar los bloqueos y restablecer la circulación.
Saludo a la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación y expreso mi profundo agradecimiento por el Pronunciamiento en solidaridad con nuestro pueblo ante la persecución política y hostigamiento que comete el gobierno de Rodrigo Paz contra nuestros… pic.twitter.com/iT1rjp92HI
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 30, 2026
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por centenares de simpatizantes para evitar el cumplimiento de otra orden de captura.
En ese proceso judicial, el exmandatario enfrenta una investigación por trata agravada de personas, relacionada con su presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún era presidente de Bolivia.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión al no presentarse al inicio del juicio correspondiente.
Con esta nueva orden judicial, Evo Morales enfrenta dos procesos penales abiertos mientras continúa denunciando una persecución política y reiterando que mantendrá su actividad junto a sus seguidores.