La empresa estadounidense aseguró que el tribunal arbitral concluyó que México incumplió disposiciones del TLCAN, aunque admitió que la compensación económica otorgada fue mínima.
México (Marcrix Noticias)-Vulcan Materials Company fijó por primera vez su postura luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitiera el laudo definitivo sobre el arbitraje promovido contra el Estado mexicano por las restricciones impuestas a las operaciones de su filial Calizas Industriales del Carmen (CALICA) en Quintana Roo.
A través de un breve comunicado de tres párrafos, la empresa estadounidense afirmó que el tribunal arbitral determinó que México incurrió en diversas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, reconoció que la indemnización económica concedida fue “insignificante”, sin revelar el monto debido a las reglas de confidencialidad que rigen el procedimiento.
La compañía explicó que el contenido íntegro del laudo permanecerá reservado hasta que el CIADI autorice su publicación oficial, proceso que podría concretarse en las próximas semanas.
La postura de Vulcan contrasta con la presentada por la Secretaría de Economía, que calificó el resultado del arbitraje como ampliamente favorable para México. La dependencia federal informó que el tribunal desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa y únicamente determinó que existió una violación relacionada con la clausura de uno de los predios de CALICA, realizada en enero de 2018.
De acuerdo con el Gobierno de México, esa resolución representa menos del uno por ciento de la indemnización originalmente solicitada por Vulcan, que en su demanda reclamaba más de mil 500 millones de dólares por las medidas adoptadas entre 2018 y 2022 que, según la empresa, afectaron sus inversiones.
Aunque el monto oficial de la compensación permanece bajo reserva, diversos reportes señalan que la indemnización rondaría los 15 millones de dólares, cifra considerablemente menor a la exigida por la compañía y que la propia empresa calificó como irrelevante.
Un conflicto marcado por el impacto ambiental
El litigio internacional se originó por las restricciones impuestas a las actividades extractivas de CALICA, empresa que durante décadas explotó bancos de piedra caliza al sur de Playa del Carmen para exportar material, principalmente hacia Estados Unidos.
La controversia escaló en 2022, cuando el Gobierno federal ordenó la suspensión definitiva de las operaciones mineras al considerar que provocaban daños ambientales. Posteriormente, en 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto” los terrenos donde operaba la empresa, impidiendo la reanudación de las actividades de extracción.
Desde entonces, Vulcan ha sostenido que las decisiones del Estado mexicano afectaron inversiones protegidas por el TLCAN, mientras que las autoridades federales insisten en que las medidas obedecen a la aplicación de la legislación ambiental y niegan que exista una expropiación, ya que la empresa conserva la propiedad de los terrenos y de la terminal marítima.
Tras la resolución del CIADI, la Secretaría de Economía informó que continúa analizando el contenido del laudo para determinar los pasos legales a seguir y reiteró que México mantiene su compromiso con la inversión extranjera, siempre dentro del marco de la legislación nacional y de los tratados internacionales.
Se prevé que el texto completo del fallo arbitral sea publicado por el CIADI una vez concluya el proceso de revisión de la información confidencial, lo que permitirá conocer los argumentos jurídicos que sustentaron una de las controversias internacionales más relevantes entre México y una empresa extranjera en materia de inversión y protección ambiental.