Las 200 familias afectadas aseguran que pagaron sus terrenos durante más de cinco años, pero hasta ahora no han recibido las escrituras que acrediten la propiedad.
Chetumal (Marcrix Noticias).- Alrededor de 200 familias de la comunidad de Calderitas denunciaron ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario que superaría los 30 millones de pesos, luego de asegurar que, pese a haber liquidado los terrenos que adquirieron durante más de cinco años, hasta la fecha no han recibido las escrituras que acrediten legalmente la propiedad de sus predios.
Los afectados explicaron que compraron los lotes bajo el compromiso de que, una vez concluidos los pagos, el vendedor iniciaría el proceso de escrituración. Sin embargo, señalaron que ese compromiso nunca se cumplió y que actualmente desconocen la situación jurídica de los terrenos, donde muchos de ellos incluso ya construyeron sus viviendas.
De acuerdo con los vecinos, cada terreno tuvo un costo de 165 mil pesos, monto que cubrieron conforme a los contratos de compraventa firmados con el vendedor.
No obstante, al concluir los pagos y exigir la entrega de las escrituras, comenzaron a recibir evasivas y posteriormente el presunto responsable dejó de responder llamadas, mensajes y solicitudes de reunión.
Las familias estiman que el monto del presunto fraude rebasa los 30 millones de pesos, al considerar las aportaciones realizadas por todos los compradores.
Además de la incertidumbre sobre su patrimonio, denunciaron que la falta de escrituración les impide contar con certeza jurídica sobre sus propiedades, realizar diversos trámites, acceder a créditos para mejorar sus viviendas o heredar legalmente los inmuebles a sus familiares.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, del Registro Público de la Propiedad y de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano para esclarecer el estatus legal de los terrenos y determinar si existen responsabilidades penales.
Asimismo, advirtieron que permanecerán organizados y no descartan emprender denuncias colectivas para recuperar su patrimonio o exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos al momento de la compra de los predios.