Maldonado Gutiérrez, quien desde agosto de 2020 se ha desempeñado como director para México y Centroamérica de Artículo 19, fue nombrado en la 62ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
México (Marcrix Noticias)- El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nombró al mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial en la Promoción y Protección de los Derechos de la Libertad de Opinión y de Expresión.
Maldonado Gutiérrez, quien desde agosto de 2020 se ha desempeñado como director para México y Centroamérica de Artículo 19, fue nombrado en la 62ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El nombramiento fue dado a conocer en la página de X del organismo internacional.
Antes de ser director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado se desempeñó durante siete años como subdirector regional de la misma organización.
Con una maestría en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, como parte de Artículo 19, Maldonado Gutiérrez fue el responsable de la investigación sobre la utilización de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, durante la gestión Sanjuana Martínez, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para atacar a periodistas, informe coordinado con el Laboratorio Interdisciplinario Signa-Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Durante su gestión al frente de Artículo 19, la organización documentó, junto con otras organizaciones, casos tan relevantes como el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos a través del malware Pegasus, programa espía que operó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Previo a su integración en Artículo 19, Leopoldo Maldonado formó parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), donde formó parte de la defensa de casos tan relevantes como el de las indígenas hña hñú Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de haber secuestrado a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), hechos supuestamente ocurridos el 26 de marzo de 2006 y por los que fueron sentenciadas a 21 años de prisión.
Las mujeres fueron puestas en libertad en 2010, tras un litigio en el que estuvieron acompañadas por el Centro Prodh, en 2017 la entonces PGR ofreció una disculpa pública a las mujeres indígenas.