Alertaron que la revisión anual a la que será sometido el T-MEC puede también llevar al gobierno de México a aceptar “una serie de condiciones que rebasen el marco de una negociación soberana”.
Estados Unidos (Marcrix Noticias)-Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de no respaldar la extensión automática del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asamblea de Incidencia del T-MEC, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos opositores al acuerdo comercial, consideraron que la nueva etapa del acuerdo comercial es una oportunidad para “colocar en el centro aquello que durante décadas ha sido relegado: los derechos humanos, la justicia social, la protección del ambiente, los derechos laborales, la soberanía alimentaria y la participación efectiva de los pueblos”.
En un pronunciamiento, una treintena de firmantes alertaron que la revisión anual a la que será sometido el T-MEC puede también llevar al gobierno de México a aceptar “una serie de condiciones que rebasen el marco de una negociación soberana”, en su intento porque Estados Unidos se mantenga en el acuerdo comercial.
“Entre otras, consideramos que no se debe ceder en temas críticos como: a) la inclusión de la Energía en el Tratado: b) profundización de la dependencia alimentaria de México con los países del norte de la región; c) aceptar condiciones draconianas en cuanto a las reglas de origen que impacten las instalaciones industriales que operan en el país y, por tanto, impactan las condiciones de trabajo de millones de trabajadores en México”, apuntaron los firmantes.
Tras recomendar la instalación de un “mecanismo permanente, institucionalizado y transparente de participación de la sociedad civil, los pueblos, las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, ambientalistas, la academia y las personas trabajadoras”, que acompañen las revisiones anuales, los autores del pronunciamiento advirtieron que estarán atentos a las decisiones que tome México cada año en torno al T-MEC.
“No aceptaremos que las revisiones anuales se conviertan en espacios de presión para debilitar derechos laborales, ambientales o regulatorios, ni que sirvan para profundizar un modelo comercial que ha ampliado las desigualdades, precarizado el trabajo y debilitado las capacidades del Estado para garantizar los derechos de la población”, advirtieron.
Tras señalar que el discurso de la soberanía “debe traducirse en hechos”, las organizaciones firmantes urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum a colocar como prioridades en esta nueva etapa del T-MEC “la defensa irrestricta y la protección efectiva de los derechos humanos, laborales, ambientales y de los pueblos indígenas y comunidades campesinas; la protección de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las semillas nativas; el fortalecimiento de mecanismos vinculantes de vigilancia y cumplimiento con participación de la sociedad civil”.
Asimismo, exigieron construir “una agenda regional de movilidad humana basada en derechos; la eliminación de privilegios corporativos que limiten la capacidad regulatoria de los Estados; el derecho soberano de México para establecer las políticas de desarrollo económico necesarias para garantizar los derechos humanos del pueblo de México”.
Los firmantes urgieron a la creación de una Mesa Permanente de Participación Social para el seguimiento de las revisiones T-MEC y convocar a una Consulta Popular “que permita conocer y recoger la opinión de la ciudadanía sobre los impactos y el futuro del Tratado, garantizando el acceso oportuno a la información, la deliberación pública y la participación efectiva de organizaciones sociales, pueblos, sindicatos, academia y otros sectores”.
Las organizaciones firmantes alertaron que, a partir de la decisión de Estados Unidos, se “inaugura una década en la que se definirá el futuro de la integración económica de América del Norte”, circunstancia que “no puede realizarse a espaldas de quienes viven diariamente las consecuencias del tratado”.
Sostuvieron que para construir “una política comercial compatible con la democracia y los derechos humanos” y que no sólo responda a “los intereses económicos”, se requiere la participación permanente de la sociedad civil, el diálogo y la transparencia.
Entre los firmantes del pronunciamiento están la Asamblea de Incidencia del T-MEC; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Sindicato Mexicano de Electricistas; Red de Mujeres Sindicalistas; Nueva Central de Trabajadores; Engenera; Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata UPREZ”; Campaña Nacional “Sin Maíz no Hay País”; Global Exchange; CartoCrítica; Alianza por la Salud Alimentaria; Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes; Semillas de Vida, entre otras agrupaciones.