El gobernador de Nuevo León se defendió del juicio político impulsado por Morena alegando que los recursos que terminaron en despachos jurídicos de su padre y otros familiares dejaron de ser públicos al pasar por proveedores estatales.
Monterrey (Marcrix Noticias)-En su defensa en el juicio político que le abrió el Congreso por presuntos delitos patrimoniales, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que los recursos del erario que fueron parar a despachos jurídicos y fiscales de su familia eran privados porque ya habían sido pagados a proveedores de su gobierno.
El argumento del mandatario emecista es que, al ser pagados por su gobierno a proveedores de servicios del gobierno, aunque éstos hayan contratado posteriormente a los despachos de abogados donde él, su padre Samuel García Mascorro, y otros parientes son socios o dueños, pasaron “de ser fondos públicos a fondos privados”, por lo que no se incurre en ningún delito.
Éste es el argumento de su defensa ante el juicio político que abrió el Congreso de Nuevo León, derivado de una denuncia formal de Morena ante la presunción de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, entre otros posibles delitos cometidos por el exprecandidato presidencial de MC.
Abogados penalistas y constitucionalistas consultados por Proceso señalaron que, al admitir los hechos, el gobernador emecista incurre en delitos del fuero penal, civil y federal, entre ellos el lavado de dinero, delincuencia organizada, y el daño al patrimonio público.
“Samuel (García) ya confesó sus delitos. Reconoce que sumas millonarias del Estado fueron a para a despachos de su familia, lo que es un claro peculado y desvío de fondos, aunque pretenda alegar que no existe nada ilegal”, señaló Esteban Tello Romero, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Constitucionalistas, capítulo Nuevo León.
El también abogado Gustavo Torres Hernández, experto en temas de Contraloría y anticorrupción de servidores públicos, mencionó en entrevista que “hay evidencia clara de que Samuel García orquestó desde el gobierno de NL un esquema legal y financiero para enriquecerse él y su familia”.
La firma Jurídica y Fiscal Abogados, según se establece en el expediente que analiza el Congreso, ha recibido en los dos últimos años más de 200 millones de pesos en pagos por honorarios, procedentes de una docena de empresas proveedoras de diversos servicios y productos a diversas dependencias del gobierno del estado.
La comisión anticorrupción del Congreso sigue en etapa de investigación, pues solicitó a más de 60 dependencias estatales, así como a 12 empresas, todas ellas identificadas como proveedoras, informes sobre su relación económica y legal con los despachos donde el gobernador es socio o dueño.
La defensa de Samuel
El martes 23 de junio el equipo legal del gobierno entregó en la Oficialía de partes del Congreso la respuesta de García Sepúlveda al citatorio de la Comisión Anticorrupción para que compareciera y rindiera su testimonio sobre las acusaciones en su contra, que llegó por escrito en lugar de presentarse.
En el documento de 248 páginas, del cual Proceso tiene una copia, el mandatario responde a los señalamientos de los legisladores bajo los conceptos de “en rebeldía”, “bajo protesta” y “ad cautelam”, al calificar el proceso como infundado.
Al responder de esta forma, el gobernador manifiesta que participa en el procedimiento de manera obligada por ley, pero rechaza la validez, imparcialidad y legitimidad de la acusación impulsada por los legisladores.
En la página 141 de la contestación, la representación legal del gobernador argumenta que no existe delito alguno por los cientos de millones de pesos del presupuesto que han ido a parar principalmente a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, en la cual Samuel y su padre (del mismo nombre) son socios a partes iguales.
“Una vez que el Estado paga a un proveedor privado por bienes o servicios efectivamente recibidos, esos recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado del proveedor, quien adquiere la propiedad plena de esos recursos y puede disponer de ellos libremente, incluyendo pagar honorarios a sus abogados o consultores que contraten”.
Tampoco “existe disposición alguna que obligue a un proveedor privado a mantener el carácter público de los recursos que recibe del Estado en pago de servicios efectivamente prestados”, señala el documento, que califica la denuncia contra el emecista de “infundada y temeraria”.
Insiste: “Como ya se afirmó, en el momento en que los recursos van a los despachos, ya no son ‘dinero público’. En todo caso, son recursos de proveedores privados que, en el ejercicio de su libertad, pueden disponer de su patrimonio como les plazca, incluida la contratación de servicios legales”.
La denunciante “califica este esquema como triangulación de recursos públicos, pero la triangulación implica un desvío de recursos antes de que lleguen a su destino final, ocultando su origen o destino, lo que no sucede en la narración que hace la denunciante”, indican los abogados del gobernador en la respuesta al Congreso.
Agregan que los contratos públicos son actos jurídicos legítimos mediante los cuales el Estado adquiere bienes o servicios de proveedores privados y que el pago a proveedores “de manera alguna implica un desvío, pues lo único que configura es el cumplimiento de una obligación contractual”.
“Aberración legal”
El abogado especialista Gustavo Torres Hernández explicó que ante los argumentos referidos que fueron presentados en el proceso de juicio político “nos encontramos ante una aberración legal de responsabilidad por parte de este hombre, quien pese a que es abogado, cree que sus actos no tienen consecuencias, pero sí las tiene”.
Con más de 30 años de desempeñarse en la función pública en áreas jurídicas, contralorías y órganos internos de vigilancia y combate a la corrupción, Torres explica las causales de delito y las sanciones en las que incurrió el gobernador del estado.
“Está primero el delito de peculado, la triangulación de recursos públicos a través de esquemas de facturaciones falsas, en beneficio de él mismo y de familiares en primer y segundo grado, lo que prohíbe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Las sanciones establecidas en el Código Penal y el Código Civil, tanto del Estado como los federales, van desde la separación del cargo, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público, la reparación del daño en lo económico y hasta la cárcel, recordó.
Torres Hernández destaca que al admitir García Sepúlveda que sí hay dinero de las arcas estatales que de una u otra manera beneficio a su despacho, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción deben de actuar por oficio e investigar los hechos, y definir las sanciones legales que se le deben de aplicar.
“No hacerlo, ahora, con esta afirmación del mismo señalado, la Fiscalía incurre en el delito de omisión o definitivamente de manera oficiosa lo está protegiendo”, agregó el entrevistado.
Mencionó que existen opciones legales que permiten a un ciudadano en particular o alguna organización civil, promover denuncias penales contra el mandatario y otros funcionarios estatales, al considerar que existe un daño al patrimonio estatal, y por ende, un daño al mismo ciudadano que paga impuestos.
“Cualquiera que se sienta perjudicado por este esquema de enriquecimiento ilegal, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, tanto estatal como la federal, independientemente del juicio político que lleve el Congreso, afirmó.
Por su parte, Esteban Tello Romero considera que los posibles delitos que se le pueden imputar al mandatario nuevoleonés van desde el peculado, hasta el lavado de dinero, además de existir el conflicto de intereses.
“¿Cómo es posible que en tu actuar como gobernador te beneficies directamente de una decisión o acción que hagas como funcionario público? El que al final transfieras dinero del gobierno, por el esquema que quieras afirmar que es legal, una empresa o un despacho de tu propiedad, ya configura un delito específico”, apunta el representante de la Asociación Nacional de Abogados Constitucionalistas.