La Secretaría Anticorrupción reportó un cumplimiento del 97% en el ejercicio 2025, pero 1,031 servidores públicos no presentaron su declaración dentro del plazo legal.
Cancún(Marcrix Noticias).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo informó que el proceso de presentación de declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025 cerró con un nivel de cumplimiento del 97% entre los servidores públicos estatales y municipales obligados a realizar este trámite.
La titular de la dependencia, Reyna Arceo, señaló que de un padrón cercano a los 43 mil funcionarios públicos sujetos a esta obligación administrativa, la mayoría cumplió en tiempo y forma con la entrega de su declaración patrimonial y de intereses.
Sin embargo, detalló que mil 031 trabajadores no realizaron el trámite dentro del periodo establecido por la ley, situación que podría derivar en procedimientos administrativos y posibles sanciones conforme a las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
La funcionaria destacó que este nivel de cumplimiento refleja un avance en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública estatal, al tiempo que fortalece los mecanismos de vigilancia sobre el desempeño de quienes ocupan cargos gubernamentales.
Durante el periodo de recepción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno implementó diversas acciones de apoyo para facilitar el cumplimiento de esta obligación, entre ellas asesorías técnicas, capacitaciones y acompañamiento a dependencias gubernamentales para resolver dudas relacionadas con el llenado y envío de la información requerida.
Una vez concluida la etapa de recepción, la dependencia iniciará el análisis de los casos de incumplimiento para determinar las medidas que correspondan. La legislación contempla desde amonestaciones y sanciones económicas hasta otras acciones administrativas, dependiendo de las circunstancias particulares y de posibles reincidencias.
Reyna Arceo recordó que las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para verificar la evolución de los bienes, ingresos y posibles conflictos de interés de los servidores públicos, contribuyendo a garantizar un ejercicio gubernamental basado en la legalidad, la honestidad y la transparencia.
La secretaria subrayó que el propósito principal de este mecanismo no es sancionar, sino promover el cumplimiento de las obligaciones legales y reforzar los controles internos que permitan consolidar una administración pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.