El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció una escalada de violencia en la Montaña baja de Guerrero, donde más de 2 mil personas han sido desplazadas.
Guerrero (Marcrix Noticias)-El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifestó su preocupación y condenó la violencia armada que enfrentan comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en la región de la Montaña baja de Guerrero.
De acuerdo con el organismo, desde el pasado 6 de mayo se ha registrado una escalada de ataques presuntamente perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos”, quienes habrían utilizado armas de grueso calibre, drones de vigilancia y tácticas de tipo paramilitar contra comunidades indígenas de la zona.
El Frayba señaló que el 9 de mayo las incursiones armadas provocaron el desplazamiento forzado de más de mil personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, cuyos habitantes abandonaron sus hogares para resguardar su vida ante la falta de condiciones de seguridad.
La organización también reportó que la comunidad de Alcozacán, considerada una de las principales bases organizativas del CIPOG-EZ, quedó prácticamente vacía después de que sus habitantes huyeran el 11 de mayo por temor a nuevos ataques y sobrevuelos de drones.
Según la información difundida, los hechos recientes han dejado un saldo de aproximadamente 2 mil 200 personas desplazadas en toda la región, además de al menos cuatro personas asesinadas.
Entre las víctimas identificadas se encuentran José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos originarios de la comunidad de Xicotlán. Asimismo, se informó sobre el asesinato de Abraham Jiménez Chautla el pasado 11 de mayo.
El organismo también denunció la desaparición de dos personas cuyo paradero permanece desconocido.
En su pronunciamiento, el Frayba acusó omisiones y falta de actuación por parte de autoridades municipales, estatales y federales, señalando presunta permisividad frente al avance del crimen organizado en la región.
Entre las irregularidades denunciadas destacan la supuesta cooptación del gobierno municipal por grupos criminales, el retiro de medidas de protección federal y la ausencia de elementos del Ejército Mexicano en bases de operaciones mixtas.
El Centro de Derechos Humanos sostuvo que la falta de acciones efectivas para prevenir y contener la violencia representa una grave violación a los derechos humanos y responsabilizó al Estado mexicano por incumplir su obligación de proteger la vida e integridad de las comunidades indígenas.
Ante la situación, el organismo exigió investigaciones contra los responsables materiales e intelectuales de los ataques, medidas urgentes de protección para las comunidades afectadas y atención humanitaria inmediata para las personas desplazadas.
Asimismo, hizo un llamado a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para mantenerse atentas y brindar acompañamiento a las comunidades afectadas por la violencia en Guerrero.