El caso del menor fallecido dentro de un vehículo ha causado conmoción nacional luego de conocerse que la acusada laboraba como psicóloga y coordinadora en instituciones dedicadas al cuidado infantil
Nacional (Marcrix Noticias).-La muerte del pequeño Vicente continúa generando indignación y consternación social después de que se revelara que Roxana Ibarra, vinculada a proceso por el fallecimiento de su hijo, trabajaba como psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y además se desempeñaba como coordinadora de estancias infantiles. La noticia provocó fuertes reacciones debido a que la mujer contaba con formación especializada en protección y desarrollo de menores.
De acuerdo con las investigaciones, el niño permaneció encerrado durante varias horas dentro de un vehículo, situación que derivó en su fallecimiento. Las autoridades señalaron que las condiciones dentro de la unidad representaban un riesgo extremo, especialmente por las altas temperaturas registradas ese día.
La fiscalía sostiene que no se trataría de un simple descuido, ya que la acusada tenía pleno conocimiento de los peligros relacionados con dejar a un menor dentro de un automóvil cerrado. Debido a su preparación profesional y experiencia laboral, las autoridades consideran que existía un deber de cuidado aún mayor hacia el niño.
Durante las indagatorias también salieron a la luz mensajes que presuntamente habría enviado la mujer al padre del menor, en los cuales amenazaba con “desquitarse” utilizando al pequeño. Este elemento fue integrado a la investigación y forma parte de las pruebas analizadas por el Ministerio Público.
La representación jurídica del padre de Vicente solicitó la pena máxima de 50 años de prisión para la acusada. La petición se basa en la gravedad de los hechos y en el cargo que desempeñaba dentro de instituciones enfocadas en la asistencia y protección de niñas y niños.
Especialistas en derecho señalaron que el caso podría ser tipificado como homicidio calificado debido a las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor y al conocimiento especializado que poseía la imputada. Además, destacaron que la responsabilidad profesional podría influir en la valoración judicial del caso.
La tragedia también abrió un debate sobre los mecanismos de supervisión y evaluación del personal que trabaja en dependencias relacionadas con el cuidado infantil. Diversos sectores consideran preocupante que una persona con ese perfil profesional enfrente ahora acusaciones por un hecho de tal magnitud.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, colectivos y ciudadanos continúan exigiendo justicia para Vicente. El caso ha generado una profunda reflexión sobre la importancia de proteger a la niñez, identificar señales de alerta y fortalecer las medidas de prevención para evitar tragedias similares.