La acusación detalla pagos mensuales a funcionarios, control de corporaciones de seguridad e intervención del crimen organizado en la elección de Sinaloa en 2021.
México (Marcrix Noticias).– Una acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, revela un presunto esquema sistemático de corrupción vinculado con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, el cual incluía una “narconómina” con pagos mensuales en efectivo a mandos de seguridad y autoridades de distintos niveles.
De acuerdo con el documento, dado a conocer por Aristegui Noticias, entre los implicados se encuentran el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante municipal, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
La acusación sostiene que la relación entre Rocha Moya y “Los Chapitos” incluyó la intervención directa del grupo criminal en las elecciones de 2021, en las que obtuvo la gubernatura de Sinaloa.
Según el expediente, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, habrían ordenado el robo de urnas, la intimidación y el secuestro de opositores, además de operar para asegurar la victoria electoral.
El documento también señala que el equipo del entonces candidato proporcionó listas con nombres y direcciones de adversarios políticos, mientras que el día de la elección la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir ante los reportes de violencia en casillas.
Asimismo, se describen múltiples reuniones entre Rocha Moya y miembros de “Los Chapitos”, resguardadas por sicarios armados, en las que presuntamente se acordó facilitar el tráfico de drogas y permitir el control de corporaciones de seguridad.
Según la acusación, tras asumir el cargo, el mandatario permitió que esta facción del Cártel de Sinaloa influyera en nombramientos clave dentro del gobierno estatal y municipales, así como en instituciones de seguridad. Entre los casos señalados destaca el de Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, quien habría sido designado jefe de la Policía de Investigación con la aprobación del grupo criminal.
También se menciona al actual senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fungió como secretario general de Gobierno y presuntamente actuó como enlace directo con el cártel; al exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien habría operado como intermediario financiero y político; y a Gerardo Mérida Sánchez, quien durante su gestión como secretario de Seguridad Pública habría facilitado la protección de operaciones ilícitas.
El documento sostiene que este entramado permitió al grupo criminal consolidar su control sobre la Fiscalía estatal, la Policía Estatal y corporaciones municipales, particularmente en Culiacán.
Uno de los elementos centrales de la acusación es la existencia de una “narconómina”, un sistema estructurado de sobornos mensuales entregados en efectivo a funcionarios mediante listas con montos específicos.
“El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”, señala el documento citado por Aristegui Noticias.
Añade que “algunos de los acusados figuraban habitualmente en esta lista porque recibían sobornos mensuales regulares de los Chapitos”.
Entre los pagos mensuales documentados se encuentran: más de 100 mil dólares para Gerardo Mérida Sánchez; alrededor de 41 mil dólares para Juan Valenzuela Millán; aproximadamente 16 mil dólares para Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; cerca de 11 mil dólares para Dámaso Castro Zaavedra; más de 10 mil dólares para Juan de Dios Gámez Mendívil; y alrededor de 6 mil dólares para José Antonio Dionisio Hipólito.
En el caso de Rocha Moya, no se detallan montos específicos, aunque la acusación indica que los beneficios incluyeron apoyo político directo para alcanzar y mantenerse en el cargo, mediante financiamiento, manipulación electoral y acciones contra opositores.
El documento describe que la distribución de los sobornos estaba centralizada en operadores del cártel y supervisada por un “jefe de plaza” en Culiacán, quien coordinaba tanto el tráfico de drogas como la relación con autoridades corruptas.
Además, se señala que la inclusión en esta nómina no sólo garantizaba protección, sino que también funcionaba como un mecanismo de control institucional. En ese sentido, se acusa a José Antonio Dionisio Hipólito de colocar a otros agentes incluidos en la nómina en puestos clave dentro de la Policía Estatal.
La acusación también documenta prácticas de extorsión contra laboratorios de metanfetamina de grupos rivales. En ese contexto, se indica que Marco Antonio Almanza Avilés recolectaba pagos de estos laboratorios para incrementar sus costos de operación y beneficiarse personalmente, práctica que, según el documento, fue permitida inicialmente hasta que fue detenida en 2020 por órdenes de Iván Archivaldo.
El expediente ubica la operación de esta red de sobornos desde al menos 2012 y hasta abril de 2026, fecha en que se presentó la acusación. Sin embargo, precisa que la vigencia de los pagos variaba según el tiempo en que cada funcionario permanecía en su cargo o en posiciones de influencia.
En ese sentido, se indica que Alberto Jorge Contreras Núñez continuó recibiendo pagos hasta febrero de 2026; Gerardo Mérida Sánchez habría recibido sobornos superiores a 100 mil dólares mensuales hasta diciembre de 2024; Dámaso Castro Zaavedra hasta septiembre de 2024; mientras que José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán habrían mantenido su relación con la organización durante todo 2024.
Por su parte, Enrique Díaz Vega habría recibido pagos hasta septiembre de 2024, en su papel como presunto enlace con la facción de “Los Chapitos”.
La acusación sostiene que los implicados utilizaron sus cargos públicos para garantizar la operación del grupo criminal mediante protección directa, filtración de información estratégica y acciones contra organizaciones rivales, consolidando así una estructura de poder que habría permitido al cártel operar con respaldo institucional en Sinaloa.
Con información e imágenes de Aristegui Noticias.