En Quintana Roo se impulsan reformas para reducir trámites y costos en vivienda y tener tarifas de agua más justas.
Chetumal(Marcrix Noticias).- En representación de la gobernadora , la secretaria de Gobierno, , entregó al Congreso del Estado dos iniciativas de reforma orientadas a disminuir el costo de la vivienda y mejorar las condiciones de acceso al agua potable en Quintana Roo.
Las propuestas buscan facilitar el acceso a un hogar digno mediante la simplificación de trámites, la reducción de cargas administrativas y la generación de mayor certeza jurídica en los procesos de desarrollo urbano, lo que podría traducirse en viviendas más accesibles para la población.
En materia de agua potable, las iniciativas plantean un modelo enfocado en la accesibilidad económica y en el reconocimiento del agua como un derecho humano. Entre los cambios más relevantes destacan la reducción en los costos de reconexión, la actualización de tarifas de salarios mínimos a UMAs y la simplificación de trámites como el cambio de titular en contratos.
Asimismo, se contemplan descuentos y facilidades de pago en conexiones, especialmente en vivienda de interés social, con el objetivo de disminuir desigualdades y avanzar hacia el acceso universal a servicios como agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En cuanto al desarrollo urbano y asentamientos humanos, se propone agilizar los procesos para la urbanización y lotificación de vivienda, particularmente en proyectos de menor escala, eliminando requisitos considerados innecesarios, como algunos dictámenes técnicos. También se establecen mecanismos para garantizar el derecho de audiencia de la ciudadanía, así como la homologación de criterios con la legislación federal.
De acuerdo con autoridades estatales, estas reformas responden a necesidades detectadas a través de consultas ciudadanas y forman parte del llamado Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, estrategia impulsada por el gobierno estatal para fortalecer la justicia social, reducir costos para las familias y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos.
