Mientras trabajadores esperan resoluciones, las críticas aumentan en contra de la jueza por su actividad en TikTok y supuestos lujos personales.
Quintana Roo (Marcrix Noticias).– La jueza Osiris Arlette Meza Pérez continúa en el centro de la polémica en Quintana Roo, luego de nuevas críticas por supuestamente no atender casos laborales pendientes, en medio del reciente escándalo de corrupción que golpea al Poder Judicial del estado.
El caso tomó fuerza después de declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, quien reveló que jueces han sido sorprendidos solicitando dinero para agilizar trámites, frenar expedientes o influir en sentencias.
Aunque Osiris Meza no ha sido señalada directamente por actos de corrupción, su nombre volvió a ser mencionado por el rezago en asuntos laborales, audiencias diferidas y expedientes que, según inconformes, continúan sin resolverse.
La molestia también ha crecido por el contraste entre las demoras denunciadas en tribunales y la presencia pública de la jueza en redes sociales, donde usuarios cuestionan publicaciones relacionadas con viajes, estilo de vida y actividades personales.
Para diversos sectores, el tema no se limita a redes sociales, sino a una presunta desconexión entre la responsabilidad del cargo y la situación de trabajadores que esperan indemnizaciones, reinstalaciones o resoluciones en conflictos laborales.
El escándalo dentro del Poder Judicial no es menor. Desde septiembre de 2025, más de 10 personas juzgadoras habrían sido separadas de sus funciones por presuntas malas prácticas, entre ellas sobornos, retrasos deliberados y decisiones que supuestamente beneficiaban a una de las partes en juicio.
Incluso, en Playa del Carmen se reportaron casos de jueces sorprendidos en flagrancia presuntamente solicitando dinero para “mover” procesos judiciales.
Las investigaciones surgieron a partir de denuncias ciudadanas presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que evidenció la presión social para exhibir irregularidades dentro del sistema.
En este contexto, ciudadanos y trabajadores consideran que cada expediente detenido, cada audiencia pospuesta y cada resolución que no llega aumenta la desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
El pasado nombramiento de la jueza en 2025 también fue recordado por críticos, quienes en ese momento señalaron presunto favoritismo y falta de transparencia en el proceso.
Ahora, sin resultados visibles para algunos sectores inconformes, esas dudas resurgen en medio de una crisis que ya no sólo es de percepción, sino también de credibilidad para el Poder Judicial de Quintana Roo.