El organismo empresarial advirtió que la falta de reglas claras podría generar sanciones, clausuras e incertidumbre jurídica que afectaría al turismo, la inversión y miles de empleos.
Quintana Roo (Marcrix Noticias).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe expresó su preocupación ante recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de símbolos de la cultura maya, al advertir que podrían generar un impacto negativo en la economía regional y en la operación de miles de empresas.
De acuerdo con el posicionamiento emitido el 14 de abril, el organismo señaló que este tipo de resoluciones abre la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el uso de elementos culturales mayas, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad de autorizar su uso .
El CCE del Caribe advirtió que esta situación no sólo afecta a la cultura maya, sino que también impacta directamente a destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde esta identidad forma parte esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias.
Asimismo, alertó que este precedente podría extenderse a otras expresiones culturales del país, generando un escenario de incertidumbre jurídica que pondría en riesgo inversiones, empleos y la estabilidad económica de la región.
El organismo empresarial reconoció la importancia de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; sin embargo, subrayó que su aplicación debe basarse en reglas claras, criterios uniformes y mecanismos bien definidos que otorguen certeza tanto a las comunidades como a los actores económicos.
En ese sentido, enfatizó que proteger la cultura no debe traducirse en ambigüedad legal ni en obstáculos para el desarrollo económico, por lo que insistió en la necesidad de establecer lineamientos transparentes sobre las figuras de representación legítima.
El CCE del Caribe reiteró que no está en contra de la protección de la cultura maya, sino que, por el contrario, ha sido un aliado en su promoción y difusión, contribuyendo también a la generación de beneficios económicos para las comunidades.
Ante este panorama, el organismo consideró urgente avanzar en la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, ya que su ausencia mantiene un vacío legal que genera incertidumbre.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para revisar el criterio actual y abrir un diálogo incluyente que permita construir soluciones viables, al advertir que la falta de definiciones claras no solo pone en riesgo a empresas o sectores específicos, sino a toda la economía del sureste mexicano.
