Dirigencia en Quintana Roo cuestiona la congruencia en la protección del patrimonio cultural frente a proyectos públicos y privados.
Chetumal(Marcrix Noticias).- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de Grupo Xcaret abrió un debate sobre la protección del patrimonio cultural en México, al evidenciar posibles contradicciones en la actuación del Estado, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid.
La dirigente reconoció que el fallo del máximo tribunal establece que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pertenece de manera colectiva a los pueblos indígenas y que su resguardo es de orden público e interés social, por lo que ningún interés económico debe estar por encima de la identidad cultural.
No obstante, consideró que la resolución deja interrogantes sobre la congruencia institucional, al aplicar criterios restrictivos a actores privados mientras —afirmó— el propio Estado ha utilizado de forma recurrente elementos de la cultura indígena en proyectos de gran escala sin sujetarse necesariamente a los mismos estándares.
Castilla Madrid sostuvo que el problema de fondo no radica en una empresa en particular, sino en el modelo de desarrollo que se impulsa en el país, por lo que se requieren reglas claras, equitativas y aplicables tanto para el sector público como para el privado.
En ese contexto, hizo un reconocimiento al papel de Grupo Xcaret en la promoción de la cultura mexicana, al destacar su contribución en la difusión de tradiciones, expresiones artísticas y la diversidad cultural del país como parte del atractivo turístico nacional.
Asimismo, subrayó la aportación del arquitecto Miguel Quintana Pali y sus socios en la consolidación de un modelo turístico que ha impulsado el desarrollo económico, la generación de empleos y el posicionamiento de Quintana Roo a nivel internacional.
La dirigente priista advirtió que proyectos federales como el Tren Maya reflejan posibles inconsistencias, al utilizar la iconografía y narrativa de la cultura maya con fines de promoción sin plena certeza —indicó— sobre la aplicación efectiva del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
De igual forma, señaló que la resolución de la SCJN abre el debate sobre la representación legítima de los pueblos indígenas, luego de que el tribunal desestimara acuerdos con el llamado “Gran Consejo Maya” al considerar que no representa a la totalidad de estas comunidades.
Ante ello, planteó la interrogante sobre quién tiene la facultad para autorizar el uso del patrimonio cultural, y advirtió el riesgo de transitar de esquemas de apropiación privada a modelos de control centralizado por parte del Estado.
Castilla Madrid también puntualizó que la decisión fue emitida como medida cautelar y no de fondo, lo que —dijo— puede generar incertidumbre jurídica y sentar precedentes en materia de inversión, derechos colectivos y desarrollo económico.
Finalmente, enfatizó que la defensa del patrimonio cultural debe basarse en políticas públicas coherentes, incluyentes y no selectivas, que garanticen tanto la protección de los pueblos originarios como condiciones claras para el desarrollo económico del país.