La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar las jubilaciones pagadas con recursos públicos y establece que no podrán superar la mitad del salario presidencial.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios públicos y exdirectivos de empresas estatales, con el objetivo de evitar jubilaciones consideradas excesivas financiadas con recursos públicos.
La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada por el pleno del Senado con 116 votos a favor y seis abstenciones, mientras que en lo particular obtuvo 109 votos a favor y seis abstenciones. Con esta aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, donde será analizado, discutido y votado.
La reforma contempla modificaciones al Artículo 127 de la Constitución, que establece que las y los servidores públicos deben recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones y proporcional a sus responsabilidades.
Con el cambio aprobado, se establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50 por ciento del salario mensual de la titular del Poder Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
La medida busca frenar las jubilaciones millonarias que actualmente reciben algunos exfuncionarios y exdirectivos de organismos públicos y empresas del Estado. De acuerdo con estimaciones del Gobierno federal, la implementación de esta reforma permitiría ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos al año.
✅ Por unanimidad, con 116 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de montos de pensiones y jubilaciones con recursos públicos.
— Senado de México (@senadomexicano) March 11, 2026
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que actualmente existen casos de pensiones consideradas desproporcionadas, como el de una persona que llegó a recibir más de un millón de pesos mensuales tras haber trabajado en la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El legislador explicó que el objetivo de la reforma no es eliminar las pensiones, sino ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos y evitar pagos excesivos. “Buscamos garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno, pero evitar pensiones desproporcionadas financiadas con dinero del pueblo”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que la iniciativa establece que ninguna persona servidora pública podrá percibir una remuneración superior a la que corresponde a la titular del Poder Ejecutivo federal, incluyendo las jubilaciones de personal de confianza en empresas públicas del Estado y organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno.
Asimismo, se establece que ninguna ley laboral podrá fijar límites superiores a los establecidos en la Constitución respecto a estas jubilaciones.
La reforma también incluye artículos transitorios que señalan que, una vez que entre en vigor, todas las pensiones financiadas con recursos públicos deberán ajustarse al nuevo límite, incluso aquellas que ya fueron otorgadas, salvo en los casos expresamente excluidos por la ley.
Entre las excepciones se encuentran las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva.
Durante el debate en el Senado, legisladores de oposición respaldaron la iniciativa en términos generales, aunque expresaron algunas preocupaciones sobre sus alcances. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó su voto a favor, pero advirtió posibles riesgos relacionados con la retroactividad de la reforma y cuestionó que el dictamen excluya a las Fuerzas Armadas y a integrantes del Poder Judicial.
🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 11 de marzo de 2026. https://t.co/NmiaQ2dc8c
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En tanto, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, señaló que el debate también implica analizar si el Estado mexicano mantendrá coherencia con los principios constitucionales o si se afectarán derechos previamente establecidos.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó por qué durante años se aprobaron recursos para pagar estas pensiones en el presupuesto federal.
Datos oficiales indican que actualmente entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al salario presidencial. En algunos casos, las jubilaciones oscilan entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales.
Entre las instituciones que concentran estos casos se encuentran Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 544 y 2 mil 199 pensionados, respectivamente, que superan el salario presidencial. También se registran casos en Nacional Financiera, Banobras y Bancomext.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca del 67 por ciento de unos 14 mil pensionados en ciertos organismos reciben ingresos superiores al tope presidencial, situación que motivó la propuesta de reforma constitucional para limitar estas jubilaciones.