Más de 6 mil feminicidios en siete años y miles de mujeres desaparecidas reflejan la crisis que motiva las marchas en el Día Internacional de la Mujer.
México (Marcrix Noticias).– Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles en distintas ciudades de México para exigir justicia y el fin de la violencia de género, una problemática que continúa reflejándose en cifras alarmantes de feminicidios, desapariciones y agresiones.
De acuerdo con una revisión de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizada por EL UNIVERSAL, en México se han registrado 6 mil 440 feminicidios entre enero de 2019 y enero de 2026. Las entidades con mayor número de casos son Sinaloa, Ciudad de México y el Estado de México.
En ese mismo periodo también se reporta que 635 niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años han sido víctimas de feminicidio, lo que evidencia la gravedad de la violencia de género que afecta a mujeres de todas las edades.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) advirtió que el país llega a este 8M en un contexto preocupante, pues el acceso a la justicia para las víctimas sigue enfrentando obstáculos institucionales.
“Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal”, señaló el organismo.
La organización también alertó que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los principales mecanismos para enfrentar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra debilitada.
Según el OCNF, a un año de que la Secretaría de las Mujeres asumió el seguimiento del mecanismo, no se observan avances relevantes. Por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación de que los estados con alerta informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Ahora estos informes dependerán de lo que determine un sistema nacional que, de acuerdo con organizaciones civiles, ha demostrado ser ineficiente y distante de las problemáticas estatales.
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, señaló que estas modificaciones representan un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.
Aunque el gobierno anunció más de 856 millones de pesos para el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, organizaciones señalan que no existe claridad sobre cómo se distribuyen esos recursos ni sobre su impacto en centros de justicia, refugios o en el propio mecanismo de alerta.
Estrada subrayó que la falta de transparencia en el uso del presupuesto también representa una forma de violencia institucional.
El OCNF también denunció que en varios estados donde acompaña procesos de alerta, como Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, no se ha convocado recientemente a los grupos de trabajo encargados de evaluar las medidas.
En entidades como Estado de México, Sonora y Chiapas, dichas sesiones apenas se han realizado una vez en el último año, lo que limita el análisis de contexto y la actualización de estrategias para combatir la violencia.
Incluso se ha planteado levantar la Alerta de Violencia de Género en algunos municipios, como en el Estado de México, donde autoridades argumentan una reducción de más del 50% en los feminicidios en los últimos cinco años.
En Guerrero, también se evalúa retirar la alerta por agravio comparado, una decisión que organizaciones consideran preocupante si no existen avances sustanciales para garantizar la seguridad de las mujeres.
Además, especialistas advierten que todavía existe resistencia institucional para investigar muertes violentas de mujeres como feminicidios, así como ausencia de peritajes sociales y análisis de contexto que permitan identificar patrones de violencia de género.
La crisis también se refleja en el fenómeno de las desapariciones. Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), señaló que el problema continúa creciendo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta 2025 se contabilizan 28 mil 770 mujeres desaparecidas, mientras que el SESNSP registró 5 mil 20 mujeres víctimas de homicidio hasta octubre de ese mismo año.
“Estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género”, indicó Ramos.
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce diversos tipos de agresiones que pueden sufrir las mujeres, entre ellos la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y familiar.
La forma más extrema es el feminicidio, delito que se castiga en el Código Penal Federal con penas de entre 40 y 60 años de prisión, además de multas económicas.
Otros delitos relacionados con la violencia de género también contemplan sanciones penales, como la violencia familiar, el abuso sexual, la violación, el hostigamiento sexual, el estupro, la trata de personas con fines sexuales y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, conocida como violencia digital o Ley Olimpia.
En los últimos años también se ha impulsado la llamada Ley Valeria, que busca sancionar el acecho o stalking, es decir, cuando una persona vigila, persigue o intenta comunicarse de manera reiterada con otra, afectando su vida cotidiana.
Esta legislación ya ha sido tipificada en Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero y Oaxaca, y plantea penas de uno a cuatro años de prisión y multas que pueden alcanzar los 65 mil pesos.
En cuanto a feminicidios, durante el año pasado se registraron 706 carpetas de investigación en México, una cifra que representa una disminución de alrededor del 15% en comparación con 2024, aunque especialistas advierten que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática grave.
Más de una tercera parte de estos casos se concentró en cinco estados: Sinaloa con 68 feminicidios, Estado de México con 55, Chihuahua con 46, Ciudad de México con 44 y Veracruz con 43.
Ante este panorama, colectivos y organizaciones señalan que las marchas del 8 de marzo continúan siendo una forma de exigir justicia, visibilizar la violencia de género y demandar acciones más efectivas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en México.
Con información de El Universal y de Milenio.