La niña  fue atendida en la clínica 24 del IMSS a donde fue llevada al presentar un dolor abdominal. Ahí se confirmó que estaba embarazada.

Coahuila (Marcrix Noticias)-El embarazo detectado a los siete meses de gestación en una adolescente de 11 años de edad originaria de la comunidad e Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, refleja una realidad del abuso sexual que enfrentan niñas y adolescentes en zonas de pobreza en Coahuila y también evidencia que persisten prejuicios entre el personal médico, quienes hacen uso de la objeción de conciencia para evitar la práctica de un aborto, consideró Teresa Meza, representante de la Red  Aborto Seguro Saltillo.

La menor fue atendida en la clínica 24 del IMSS a donde fue llevada al presentar un dolor abdominal. Ahí se confirmó que estaba embarazada y fue violada por parte de la pareja de su madre y contaba con siete meses de embarazo.

El sujeto identificado como César Alberto “N” fue detenido de inmediato ya que se dedicaba a cuidar a los menores, mientras que la madre trabajaba.

“Es una realidad que se vive en el estado del abuso sexual a niñas y adolescentes, sobre todo en los ejidos que son partes de nuestro estado que se ven vulneradas porque viven en el olvido. Siento que la falla en los sistemas de detección y protección para que el embarazo se identificara, es la objeción de conciencia porque existe esta idea que se debe continuar con la gestación, por este prejuicio que existe por parte de los médicos”, señaló.

La activista manifestó que una vez conocido el caso debió de aplicarse la Norma Oficial Mexicana NOM-046 para garantizar una atención pronta “sobre todo tomando en cuenta la edad de la niña y la vulnerabilidad que tiene si llega al término de la gestación”, ya que riesgo para su salud se triplica a esa edad.

Dicha normativa señala que las menores de edad pueden interrumpir el embarazo, cuando éste es resultado de una violación. De acuerdo con la activista, hay instituciones donde pueden atender un caso con estas características para evitar que la menor sea obligada a continuar con la gestación, si el procedimiento no se pueda realizar en el estado de Coahuila.

El caso es atendido por la Procuraduría de los Niños, las Niñas y las Familia, PRONNIF, mientras que la Fiscalía de las Mujeres inició el proceso penal en contra de responsable de la violación.

En la PRONNIF se dio a conocer que se apoya a la menor conforme a la citada norma para garantizarle el acceso a los servicios que se requieran. También se aseguró que, como sus representantes, cuenta con el acompañamiento de la autoridad y de su madre, quienes han tomado en cuenta la opinión de la menor, mientras que la titular de la Fiscalía de las Mujeres, Katy Salinas, no accedió a dar información.

Para Teresa Meza, en Coahuila el personal médico no cuenta con la capacitación para atender los casos de menores embarazadas y prevalece en muchos casos la objeción de conciencia para evitar practicar un aborto y aplicar la NOM- 046. Recordó que hace algunos años la colectiva obtuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, para apoyar con amparos a las personas a quienes se les negara la interrupción de embarazo.

“Considero que el personal médico no está capacitado y que existe muchísimo la objeción de conciencia porque hay una deshumanización y una revictimización, sobre todo a las mujeres que quieren acceder de forma voluntaria y a quienes castigan. A mí me han llegado casos de mujeres que vienen de clínicas particulares usualmente y les dan dosis incompletas para generarles procesos incompletos y derivarlas a un legrado, que es una práctica que ya no se utiliza. Ahora es la AMEU, aspiración manual endouterina, o los medicamentos para hacerlo en el segundo trimestre”, explicó.