La decisión fue tomada luego de los incidentes ocurridos el domingo 22 de febrero, cuando diversas vialidades y accesos en el estado resultaron afectados por bloqueos y actos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Estos hechos generaron un clima de incertidumbre y elevaron el nivel de riesgo para quienes acuden a instalaciones judiciales.
En un comunicado oficial, el Poder Judicial de la Federación explicó que la medida responde a una causa de fuerza mayor y tiene como objetivo salvaguardar la integridad del personal y de la ciudadanía. Por ello, el día será considerado inhábil procesalmente, lo que significa que no correrán términos jurídicos, aunque las labores continuarán a distancia.
Con esta disposición no habrá atención al público en los órganos jurisdiccionales, y todos los trabajadores deberán desempeñar sus funciones de manera remota. Únicamente se dará trámite a asuntos urgentes mediante canales digitales habilitados para tal fin.
La determinación busca evitar traslados innecesarios en un contexto de tensión regional y reducir cualquier posible situación de riesgo derivada de los bloqueos y hechos violentos registrados en la jornada previa. Además, se contempla reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones judiciales.
Este escenario se enmarca en una serie de eventos de violencia registrados en Quintana Roo y otras entidades del país tras la reciente caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades señalaron que la situación permanece bajo evaluación y que las actividades presenciales se restablecerán una vez que existan condiciones adecuadas de seguridad.