Greenpeace envió una carta a la titular de la Semarnat para solicitar que no se autorice el permiso de impacto ambiental al proyecto impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, al señalar presuntas inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental.

Chetumal (Marcrix Noticias)-La organización no gubernamental Greenpeace se sumó al rechazo del proyecto turístico Perfect Day, que promueve Royal Caribbean en Mahahual, al señalar la existencia de cinco inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la ONG, el análisis del documento técnico identifica riesgos relacionados con la alta generación de residuos, el posible corte de manglar, afectaciones a especies en peligro de extinción como el jaguar, alteraciones al acuífero y diversos impactos socioambientales que podrían derivarse de la ejecución del proyecto.

Ante esta situación, la organización envió una carta a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, en la que solicita que no se otorgue la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo que se pretende construir en la comunidad de Mahahual, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

Carlos Somayoa, coordinador del programa “México al Grito de Selva” de Greenpeace, señaló que la dependencia federal representa el último eslabón en la cadena de decisiones y que la campaña busca incidir en los procesos de evaluación ambiental, así como en la definición del futuro ecológico de la Península de Yucatán.

La organización afirmó que en el documento dirigido a la funcionaria federal existen elementos suficientes para advertir que la biodiversidad y el entorno de Mahahual podrían enfrentar afectaciones significativas, algunas difíciles de dimensionar, debido a que —según su postura— la empresa no presenta sustento técnico suficiente para garantizar la mitigación de impactos.

El conflicto entre grupos ambientalistas, la empresa promotora y autoridades también tiene antecedentes en el cambio de uso de suelo que, según los opositores, se realizó sin consulta pública previa. Esta modificación permitiría gestionar permisos adicionales para el desarrollo del parque acuático.

Derivado de ello, se han promovido recursos legales como amparos, los cuales actualmente se encuentran en proceso de resolución en instancias judiciales.