La empresa no podrá almacenar ni usar explosivos en Playa del Carmen y enfrenta restricciones legales y ambientales.
Playa del Carmen.- La empresa Calica perdió la autorización para operar con explosivos tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que confirmó la improcedencia de sus recursos legales para recuperar los permisos de almacenamiento y el uso de materiales explosivos, luego de perder la concesión minera en Playa del Carmen y enfrentar restricciones ambientales impuestas por autoridades federales.
Con fecha 14 de enero de 2026, los magistrados del TFJA determinaron que Calica no podrá almacenar ni utilizar explosivos en sus terrenos tras la cancelación de su concesión para la extracción de material pétreo en la zona costera de Quintana Roo. La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para renovar el permiso para almacenamiento y uso de más de 10 mil toneladas de explosivos de alto impacto fue uno de los elementos que marcó el rumbo del proceso, tras haberlo rechazado en octubre de 2022.
Con la prohibición definitiva de usar y almacenar explosivos, las operaciones de extracción y trabajos conexos quedan limitados en la región, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la cantera y la explotación de recursos en una de las zonas más dinámicas del Caribe.
La medida se da luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma definitiva en mayo de 2022 la extracción de piedra caliza en aproximadamente dos mil hectáreas propiedad de Calica, lo que selló el fin de sus operaciones tradicionales de explotación en la región.
Calica, una filial de capital estadounidense establecida desde 1986 que opera una cantera y puerto en Quintana Roo, interpuso desde 2022 diversos recursos legales ante el TFJA para tratar de revertir la decisión de Sedena y mantener sus permisos relacionados con explosivos en sus instalaciones, argumentando derechos históricos por la extracción de materiales pétreos que exportaba principalmente a Estados Unidos.
Pese a esto, los magistrados de la Sala Superior ratificaron la negativa inicial, poniendo fin a las pretensiones legales de la empresa para volver a utilizar explosivos y cerrando el camino para que Calica continúe con ese tipo de actividades bajo el permiso que pretendía obtener.
Impacto ambiental y regulaciones
El conflicto de Calica con las autoridades no se limita al uso de explosivos. En juicios anteriores, tribunales federales han señalado que la explotación con explosivos contaminó zonas cercanas y generó inquietudes sobre daños ambientales, incluso con acusaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre impactos graves en cenotes de la región como resultado de años de extracción intensiva.
Además, tribunales han ordenado a Calica la restauración de las zonas explotadas bajo supervisión ambiental como parte de las obligaciones derivadas de resolver otros recursos legales en torno a la clausura de sus operaciones.
La sentencia del TFJA representa un revés significativo para Calica, que desde hace años enfrenta diversas disputas con autoridades mexicanas. Además de las restricciones actuales, la empresa ha promovido juicios en tribunales internacionales bajo tratados de inversión alegando trato injusto, aunque estas acciones continúan en curso.