Nacional (Marcrix Noticias).-
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reiteró su firme rechazo al matrimonio infantil y a las uniones forzadas que involucran a menores de 18 años, advirtiendo que estas prácticas constituyen una grave violación de los derechos humanos de infancias y adolescentes en México. Las autoridades destacaron que, aunque existe un marco legal que prohíbe estas uniones, siguen ocurriendo en determinados contextos culturales y geográficos del país.
Desde SIPINNA se enfatiza que ninguna forma de unión antes de la mayoría de edad es aceptable, pues atenta contra principios básicos como el interés superior de la niñez, la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia. Además, se ha fortalecido la coordinación con gobiernos, comunidades y organizaciones civiles para impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar estas prácticas nocivas y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece desde 2020 que la edad mínima para contraer matrimonio en todo el país es de 18 años sin excepciones, los registros oficiales muestran que en 2024 se celebraron siete matrimonios donde una de las partes era menor de edad. Estos casos ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, lo que evidencia la persistencia del problema en diversas regiones.
Expertos han subrayado que las uniones tempranas provocan consecuencias profundas en la vida de las menores, entre ellas el abandono escolar, el inicio de embarazos en edades precoces, la exposición a violencia y la limitación de oportunidades para cumplir un desarrollo pleno. Asimismo, estudios previos han identificado factores como la pobreza, las normas sociales y las desigualdades de género como causas que mantienen esta problemática en ciertas comunidades.
Ante este panorama, organismos internacionales han señalado el desafío que representa eliminar el matrimonio infantil no solo en México sino en toda América Latina, donde la región ocupa una de las tasas más altas de uniones tempranas y forzadas. La atención a estas prácticas, que afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, requiere de políticas públicas efectivas, educación, protección social y un cambio cultural que garantice el respeto pleno de los derechos humanos de la infancia