Abogados y familiares acusan que el gobierno federal entregó a los reos sin seguir procesos formales de extradición y llevarán el caso a instancias nacionales e internacionales.
México (Marcrix Noticias).– Familiares de 92 personas privadas de la libertad entregadas a Estados Unidos por el gobierno federal, anunciaron que impugnarán la entrega de sus parientes ante tribunales nacionales e instancias internacionales, al considerar que fueron enviados sin cumplir procesos formales de extradición y bajo el argumento de “seguridad nacional”.
De acuerdo con los abogados de las familias, las entregas se realizaron entre febrero del año pasado y enero de este año, y en al menos tres ocasiones se aplicó el mismo criterio para justificar los traslados.
Este lunes 26 de enero, familiares y defensores legales ofrecerán una conferencia de prensa para detallar la ruta jurídica que seguirán, la cual incluirá recursos ante juzgados federales y organismos internacionales.
El gobierno federal ha sostenido que la entrega de estas personas respondió a riesgos de fuga y amenazas a la seguridad nacional, al señalar que algunos de los internos mantenían redes de corrupción, intimidaban a funcionarios y ordenaban extorsiones y homicidios desde los centros penitenciarios.
Entre las personas trasladadas a Estados Unidos se encuentran Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, y Abigael González Valencia, conocido como El Cuini, quienes enfrentan procesos judiciales pendientes en ese país.
Los familiares y sus representantes legales argumentan que la figura de la entrega directa no sustituye el procedimiento de extradición, por lo que consideran que se vulneraron derechos fundamentales y el debido proceso, razón por la cual buscarán que los casos sean revisados por instancias externas al sistema judicial mexicano.
Se prevé que en los próximos días se presenten amparos y denuncias formales, además de solicitudes de intervención ante organismos internacionales de derechos humanos, con el objetivo de revertir o, al menos, cuestionar legalmente las decisiones del Estado mexicano en estos traslados.
Con información de El Financiero.