La presidenta Sheinbaum negó persecución y afirmó que el requerimiento fiscal se apega a resoluciones judiciales y plazos legales.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó al empresario Ricardo Salinas Pliego por un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos, correspondiente a diversas obligaciones fiscales de sus empresas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el procedimiento no constituye una persecución política ni una violación a derechos humanos, sino el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes.
“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT”, afirmó Sheinbaum al responder a un cuestionamiento de la prensa.
Sheinbaum explicó que el requerimiento fiscal se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los amparos promovidos por Grupo Salinas no son válidos, por lo que deben acatarse las resoluciones emitidas por los tribunales competentes.
La presidenta subrayó que el proceso responde a los tiempos legales establecidos en la normatividad fiscal, y no a una acción discrecional del gobierno federal. “Más que un ultimátum, son tiempos legales que marca la ley para que las empresas con adeudos fiscales acudan ante el SAT”, puntualizó.
Origen del adeudo fiscal
El adeudo millonario corresponde, principalmente, a pagos pendientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y recargos derivados desde el ejercicio fiscal de 2013, relacionados con empresas como TV Azteca y Elektra, ambas propiedad de Salinas Pliego.
El 22 de octubre de 2025, el entonces presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, admitió a trámite la revisión de un amparo promovido por el empresario. Previamente, las empresas se encontraban protegidas por una resolución emitida por el ministro en retiro Javier Laynez, lo que había permitido posponer el pago del adeudo.
Por su parte, Salinas Pliego declaró el pasado 14 de enero, a través de sus propios medios de comunicación, que presentó una denuncia contra el gobierno de Sheinbaum ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que el proceso vulnera sus derechos.
El gobierno federal reiteró que el caso se mantiene dentro del marco legal y que será el SAT la instancia encargada de dar seguimiento conforme a la ley.