Tras más de cinco décadas sin pago, el Ejido Morocoy confía en que el Tribunal Unitario Agrario 44 resuelva la indemnización pendiente.
Othón P. Blanco (Marcrix Noticias).- Después de más de 55 años de espera, ejidatarios de Morocoy confían en que finalmente se concrete la indemnización por más de 300 hectáreas expropiadas para la operación de zonas arqueológicas en el sur de Quintana Roo. La audiencia está programada para el 26 de febrero en el Tribunal Unitario Agrario Número 44.
Las tierras fueron expropiadas desde 1970 para la operación de las zonas arqueológicas de Dzibanché, Kinichná y el Grupo Lamay, sin que hasta la fecha los ejidatarios hayan recibido el pago correspondiente.
El Ejido Morocoy se constituyó el 21 de septiembre de 1970 y se localiza a 54 kilómetros de Chetumal. Está integrado por 271 ejidatarios y cuenta con una superficie total de 5 mil e950 hectáreas, delimitadas formalmente en 1981.
Dentro de ese núcleo ejidal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expropió 286 hectáreas para Dzibanché, dos para Kinichná y cinco para el Grupo Lamay, sin que, según los ejidatarios, se cumpliera con el procedimiento legal ni con el pago correspondiente.
La presidenta del Comisariado Ejidal de Morocoy, Sonia Méndez Lile, señaló que la expropiación fue irregular, ya que no hubo intervención de fedatario público, motivo por el cual se promovió un juicio de nulidad.
De acuerdo con los ejidatarios, el adeudo se mantiene desde hace más de medio siglo, lo que ha generado inconformidad y desgaste entre las familias afectadas. La exigencia es clara: un millón de pesos por cada hectárea expropiada, como parte del resarcimiento por el uso continuo de sus tierras.
Audiencias previas, programadas para el 24 de septiembre y el 27 de noviembre del año pasado, fueron suspendidas, por lo que la del 26 de febrero representa la tercera convocatoria para intentar destrabar el conflicto.
Los ejidatarios consideran que el proceso ha mostrado avances en esta etapa, ya que, a diferencia de ocasiones anteriores, se ha permitido una exposición amplia de los argumentos de todas las partes.
“La defensa es por el patrimonio del Ejido, no existe ningún conflicto personal ni institucional”, señaló Méndez Lile, al insistir en que el objetivo es resolver una deuda histórica, no confrontarse con autoridades.
El caso se mantiene como un referente sobre expropiaciones pendientes de indemnización en zonas donde el patrimonio arqueológico ha sido explotado turísticamente durante décadas sin un acuerdo económico definitivo con los propietarios originales de la tierra.