La Fiscalía vincula el hecho a una disputa criminal; el caso abre cuestionamientos sobre permisos, operación y responsables del sitio.
Cancún(Marcrix Noticias).- El ataque armado registrado en el cenote Vesica encendió las alertas de las autoridades y volvió a colocar bajo la lupa la operación de este espacio turístico. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hecho violento estaría relacionado con actividades de narcomenudeo derivadas de una disputa entre grupos delictivos, y no con el festival de música electrónica que se realizaba en la zona.
Durante la Conferencia del Gabinete de Seguridad, el fiscal general Raciel López Salazar informó que la agresión fue ajena al evento recreativo y confirmó la detención de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos originarios de Jalisco, quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones.
Aunque el señalamiento oficial buscó deslindar responsabilidades del festival, el caso detonó una serie de cuestionamientos públicos sobre cómo y bajo qué condiciones operaba el cenote Vesica. El predio está asignado a Sergio Trapote López, empresario con más de 25 años de residencia en Tulum, vinculado a diversos negocios hoteleros e inmobiliarios en la región.
Diversos antecedentes lo relacionan con litigios por la adquisición de inmuebles, presuntamente mediante usucapión o prescripción positiva, figura legal que ha sido utilizada en disputas contra propietarios originales, según registros judiciales. A ello se suma su paso por la Cruz Roja de Tulum en 2009, periodo en el que fue señalado públicamente por cobros excesivos en servicios, lo que generó inconformidad social en su momento.
En materia ambiental, el cenote Vesica también enfrenta señalamientos por la realización de eventos masivos, desmonte de selva, iluminación nocturna, altos niveles de ruido y la explotación de un cuerpo de agua natural. Hasta ahora no existe información pública clara sobre la existencia de permisos otorgados por Semarnat, Profepa o Conagua, como lo establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales.
Especialistas han advertido que el uso intensivo del cenote podría afectar el manto freático, poniendo en riesgo el ecosistema y el abasto de agua en una región donde los cuerpos subterráneos son altamente vulnerables.
Más allá del ataque armado, el caso Vesica evidenció vacíos de autoridad, supervisión y control en uno de los principales destinos turísticos del país. La exigencia social se centra ahora en un esclarecimiento integral: no solo de la agresión y sus responsables directos, sino de quién permitió la operación del sitio, bajo qué permisos y cuántos espacios similares funcionan en condiciones irregulares, hasta que la violencia termina por exponerlos.
