El Departamento de Justicia lo señala como líder de una red de narcotráfico y corrupción con alcance internacional, según una acusación presentada en Nueva York.
Nueva York(Marcrix Noticias).- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación penal sustitutiva sellada contra Nicolás Maduro Moros, a quien identifica como la figura central de una presunta estructura criminal que, de acuerdo con el documento judicial, habría operado desde 1999 utilizando al Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de drogas durante más de 25 años. El expediente fue presentado ante un Gran Jurado federal como parte de una causa que permanece abierta.
De acuerdo con el acta judicial, la acusación sostiene que Maduro habría aprovechado distintos cargos públicos, desde diputado de la Asamblea Nacional y ministro de Relaciones Exteriores, hasta vicepresidente y posteriormente presidente de facto, para permitir el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, con apoyo institucional, protección oficial y encubrimiento gubernamental.
El texto señala que la supuesta red criminal habría funcionado mediante la entrega de pasaportes diplomáticos, cobertura del aparato estatal y esquemas de lavado de dinero, lo que permitió el traslado de cargamentos ilícitos y la ocultación de activos financieros fuera del alcance de las autoridades.
En la acusación también aparecen otros altos funcionarios y personas cercanas al poder en Venezuela, entre ellos Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, exministro; Cilia Flores de Maduro, esposa de Maduro; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias “Nicolasito”; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como líder del Tren de Aragua.
Según la Fiscalía estadounidense, los acusados habrían mantenido alianzas con organizaciones criminales y grupos armados como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, con el objetivo de producir, proteger y transportar cocaína a gran escala desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.
El proceso judicial contempla además la incautación de bienes, activos financieros, armas de fuego y municiones presuntamente vinculados a los delitos, así como el decomiso de activos sustitutos en caso de que los bienes originales no puedan ser localizados o hayan sido transferidos fuera de la jurisdicción del tribunal.
La causa federal sigue en curso y podría generar consecuencias legales, políticas y diplomáticas a nivel internacional, mientras las autoridades de Estados Unidos avanzan en la persecución penal de los hechos descritos en la acusación formal.