El delito de secuestro acumuló 51 casos en Quintana Roo durante el año, de acuerdo con la organización Alto al Secuestro A. C.
Chetumal (Marcrix Noticias).-El secuestro continúa como una problemática relevante en Quintana Roo, donde durante noviembre se registraron seis casos, lo que elevó a 51 el número total de incidentes en lo que va del año, según datos del Reporte Nacional de Secuestro 2025 elaborado por la organización Alto al Secuestro A. C.
Pese a estas cifras, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que no cuenta con denuncias formales por este delito, situación que contrasta con los registros presentados por la organización civil, que documenta los casos a partir de diversas fuentes.
De acuerdo con Alto al Secuestro A. C., el delito se define como la privación ilegal de la libertad de una persona, con el objetivo de exigir algún tipo de pago o bien a cambio de su liberación.
El informe señala que desde octubre de 2022, inicio del actual gobierno estatal, hasta la fecha, en Quintana Roo se han contabilizado 147 secuestros.
En 2022 se reportaron ocho casos; en 2023 la cifra ascendió a 33; mientras que en 2024 se registraron 55.
Durante el presente año, la incidencia mensual mostró variaciones: en enero se contabilizaron tres casos; en febrero, dos; marzo registró cuatro; abril tuvo siete; mayo sumó seis, y en junio y julio se reportaron dos respectivamente.
En agosto se documentaron tres secuestros; en septiembre cinco; octubre concentró la cifra más alta con 11 casos, mientras que en noviembre se registraron seis, lo que mantiene una tendencia elevada hacia el cierre del año.
Con estos números, Quintana Roo se ubicó en el quinto lugar nacional por incidencia de secuestro. Sinaloa encabezó la lista con 12 casos, seguido del Estado de México con 11; Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer sitio con 10 cada uno, y Sonora ocupó el cuarto lugar con nueve.
Alto al Secuestro A. C. precisó que sus estadísticas se basan en información proveniente de autoridades de los tres niveles de gobierno, investigaciones propias y seguimiento de notas periodísticas, y señaló que la desconfianza en las instituciones y el temor a represalias continúan siendo factores que inhiben la denuncia formal por parte de las víctimas y sus familias.