Audios e investigaciones vinculan a Bobby López Beltrán, con la vigilancia del proyecto y con una red de negocios relacionada con el suministro de balasto.

 

México (Marcrix Noticias).– La vigilancia de la construcción del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estuvo a cargo de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con audios e investigaciones periodísticas difundidas en 2024, que han vuelto a cobrar relevancia tras el descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, accidente que dejó 13 personas fallecidas y casi 100 lesionados.

Durante una conferencia matutina realizada el 5 de julio de 2024, el entonces mandatario federal reconoció públicamente que su hijo participaba como supervisor “honorífico” en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, bajo coordinación con la Secretaría de Marina. En esa ocasión, aseguró que Gonzalo López Beltrán, no recibía salario ni ocupaba un cargo formal dentro del gobierno.

Sin embargo, investigaciones periodísticas reveladas por Latinus documentaron, a partir de audios filtrados, la presunta participación de “Bobby” López Beltrán en una red de negocios y tráfico de influencias vinculada a proyectos ferroviarios federales, entre ellos la rehabilitación de vías y el suministro de balasto, material clave para la estabilidad de las líneas férreas.

En las grabaciones se escucha al empresario tabasqueño Amílcar Olán, señalado como amigo cercano de López Beltrán, describir cómo recibió instrucciones directas para producir grandes volúmenes de balasto, así como referencias a supuestos acuerdos para la explotación de minas y la provisión del material utilizado en obras ferroviarias, tanto del Tren Maya como del Tren Interoceánico.

Las investigaciones también señalan la presunta participación de familiares y personas cercanas al entorno del expresidente, quienes habrían fungido como enlaces para facilitar contratos y validar materiales sin cumplir estrictamente con los estándares técnicos requeridos. De acuerdo con los reportes, el negocio del balasto habría generado ganancias millonarias para los involucrados.

Este contexto ha retomado fuerza tras el descarrilamiento registrado en la Línea Z del Corredor Interoceánico, ocurrido en el tramo Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de Nizanda, Oaxaca. 

La Secretaría de Marina confirmó que en el accidente viajaban alrededor de 250 pasajeros, con un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales varias permanecen hospitalizadas.

Especialistas han advertido que el balasto es un componente fundamental para la seguridad ferroviaria, ya que un material inadecuado o una colocación deficiente puede provocar desplazamientos de las vías y descarrilamientos. 

En los audios difundidos, incluso se hace referencia a prácticas para evadir controles de calidad, lo que ha incrementado el escrutinio público tras la tragedia.

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras que el caso ha reavivado cuestionamientos sobre la supervisión, la transparencia y los posibles conflictos de interés en uno de los proyectos estratégicos impulsados durante el sexenio de López Obrador.

Con información de Latinus y de Político MX.

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