Familias denuncian que la CNDH cerró el caso sin su consentimiento y con información falsa.

Puebla (Marcrix Noticias)-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es acusada de presionar a las víctimas de un secuestro cometido por elementos de la Guardia Nacional que se hicieron pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fin de que accedan a una conciliación unilateral para “dar por resuelta” la queja que interpusieron ante ese organismo, incluso con información falsa.

Miguel Ángel Barrueta Enciso, integrante de una de las familias afectadas por este hecho delictivo, señala que aunque reiteradas veces manifestaron su negativa a un mecanismo alterno, la CNDH les notificó que la queja que presentaron el 5 de abril de 2024 ya se concluyó con una negociación que, asegura, les fue “impuesta”.

En su resolutivo, la Comisión determina que, al ejecutar el secuestro, los elementos de la GN incurrieron en una mera “responsabilidad administrativa” y que el hecho no constituye una violación grave a los derechos humanos, por lo tanto no procede emitir una recomendación.

En entrevista, Barrueta dice que todo indica que la CNDH busca proteger la imagen de la Guardia Nacional, corporación insignia de la 4T.

“De manera arbitraria, está dando como resuelta la queja con una conciliación que no puede llamarse tal, porque eso implicaría voluntariedad de las partes y nosotros, incluso por escrito, nos opusimos y hasta ahora nada hemos firmado”, asegura.

Aparte, añade que “falsamente” la CNDH da por hecho en su resolutivo que conocieron y aceptaron los puntos conciliatorios, a los cuales ya ordenó que se les dé cumplimiento, aunque ellos ni siquiera saben cuáles son, pues sus términos sólo fueron acordados con la GN. “Con esto, la Comisión está afectando de nueva cuenta los derechos humanos de las víctimas. Nos está revictimizando”, acusa.

En su edición impresa mensual 20, Proceso publicó sobre esa célula delictiva que quedó al descubierto el 11 de octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, cuando dos sujetos, que después fueron identificados uno como integrante de la GN y otro como exmilitar, fueron capturados mientras tenían secuestradas a dos personas por quienes pretendían cobrar un rescate de 50 mil dólares.

El secuestro quedó frustrado porque el padre de uno de los plagiados llegó al lugar de improviso, lo que derivó en un forcejeo, en la llegada de vecinos a prestar auxilio y en el sometimiento de los dos sujetos que, en ese momento, se creía que eran parte de la delincuencia organizada.

Las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Puebla revelaron que los dos detenidos no sólo se identificaron como miembros de la GN y usaron armas de la corporación para cometer este ilícito, sino que fueron escoltados por una patrulla de la 238 Compañía del Tercer Batallón de la GN con sede en Texcoco, cuyo comandante, de nombre Obed N., estuvo en comunicación constante con delincuentes locales para identificar y ubicar a las víctimas.

En febrero de este año fue detenido Obed N., quien se había mantenido prófugo, en tanto que a los otros cinco elementos de la GN, quienes tripulaban la patrulla que acompañó a los secuestradores desde la sede de Texcoco hasta la ejecución del plagio en Texmelucan, les bastó declarar que sólo siguieron órdenes de su superior y fueron exonerados.

En noviembre pasado fue aprehendido Javier N., integrante de una banda local, quien habría proporcionado información sobre habitantes de Texmelucan que podían ser víctimas de secuestro para cobrar rescates y que el día que se cometió el ilícito “halconeó” la zona.

Por más de dos años, las dos familias que fueron víctimas de estos hechos han mantenido sus acusaciones en los procesos penales en curso, pese a que han sido objeto de constantes amenazas e intimidaciones.

Barrueta refiere que el núcleo de su familia quedó roto, ya que su hermano, quien fue uno de los secuestrados, tuvo que interrumpir sus estudios universitarios y abandonar el negocio que recién había emprendido para pedir asilo en el extranjero. Luego de lo ocurrido, su establecimiento en varias ocasiones fue acechado o cercado, de manera intimidante, por operativos de la GN.

La otra víctima perdió su relación de pareja y ha tenido constantes problemas familiares, e incluso laborales por tener que acudir a numerosas audiencias.

A dos años de los hechos, la CNDH pidió apenas en su resolutivo de octubre la inscripción de los afectados ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), aunque desde lo ocurrido ellos han pagado por cuenta propia atención psicológica, psiquiátrica y médica.

Miguel Barrueta Enciso fue incluido entre las víctimas indirectas, pues su nombre estaba en los mensajes que se enviaron por celular los implicados, como el objetivo real del secuestro y porque, al iniciar el caso como abogado, ha recibido amenazas.

Aparte, como los efectivos de la GN actuaron en conjunto con delincuentes locales, las familias y los testigos han padecido la zozobra de hacer su vida en San Martín Texmelucan, considerado uno de los municipios más inseguros de Puebla y donde recientemente han sido detenidos cabecillas del CJNG.

“Hay muchas secuelas al ser víctima de quien se supone debía estar para brindar seguridad. Esto ya marcó a las familias afectadas de por vida”, afirma Barrueta.

Secuestro o retención

La ley y el reglamento interno de la CNDH, así como tratados internacionales firmados por México, prohíben que los casos de violaciones graves a derechos humanos sean resueltos por mediación.

No obstante, explica Barrueta, el visitador adjunto, Carlos Alberto Méndez Orta, le informó que en el análisis de la queja, el organismo sólo acreditó que los hechos cometidos por los elementos de la GN corresponden a una “retención ilegal”.

“Pero la retención”, advierte el entrevistado, “proviene cuando hay una detención ejecutada por una autoridad, y lo que aquí pasó fue claramente un secuestro, tan es así que dos implicados que están ahora en juicio y uno más que está vinculado a proceso, están acusados por el delito de secuestro agravado al ser miembros de las fuerzas armadas”.

En su resolutivo del expediente CNDH/2/2024/5305/Q, fechado el 16 de octubre de este año, la Segunda Visitaduría General notifica que del estudio jurídico de los actos constitutivos de la queja y de las constancias que la integran, concluyó que los servidores públicos involucrados “incurrieron en responsabilidad administrativa”.

La falta que encontraron por parte de los efectivos de la GN se refiere a lo estipulado en el artículo 7, fracciones I y VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al no haber observado en el desempeño de empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, generando transgresión a los derechos de legalidad, libertad y seguridad.

El organismo sostiene que en el expediente sí se encontraron violaciones a derechos humanos, pero que en la “Guía para Identificar y Calificar Violaciones Graves a los Derechos Humanos y para la Atención a las Víctimas de Éstas” que rige a la CNDH, “no se advierte que el secuestro se configure como violación grave (sic)”.

El acta conciliatoria de este caso, precia el escrito, fue aceptado por el director de Quejas, Conciliaciones y Medidas de Protección en Derechos Humanos de la GN, el 2 de septiembre de 2025 en las instalaciones del organismo, con lo que se dio por solucionado el expediente.

Barrueta menciona que desde que presentaron la denuncia ante el organismo notaron un sesgo en la actuación del visitador adjunto Méndez Orta, quien les recomendó solicitar la mediación bajo el argumento que serviría para fijar parámetros que serían tomados en cuenta al emitirse la recomendación contra la GN.

En la grabación de una llamada con el visitador, señala, Méndez Orta les llegó a advertir que podrían acordar un monto económico por reparación si se realizaba una mediación, pero que éste podría ser menor si se llegaba a la recomendación.

Fue este representante de la CNDH quien les gestionó una reunión con un mando de la GN de nombre Francisco Amarillas, quien de inmediato les ofreció una cantidad de dinero para que se diera por concluida la queja sin efectos.

“Sin embargo, nunca, nunca se tocó ni por parte de la Guardia Nacional ni por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos las medidas de no repetición que son muy importantes para nosotros”, refiere el entrevistado.

Así, apuntó que las víctimas directas del secuestro acabaron por decidir que, sin importar el monto de la reparación integral, lo mejor era que el proceso continuara conforme a derecho. Creyeron que concluiría en una recomendación, pero ocurrió que, cuando llamaron a la CNDH para pedir informes del expediente, los turnaron al área de Mediación y días después ya les entregaron la notificación por escrito que el caso se había cerrado y sólo se daría seguimiento a los acuerdos.

Barrueta indica que presentó un recurso de inconformidad, pero Omar Jair Pasarán, director general encargado de Despacho de la Segunda Visitaduría General, respondió que, conforme al artículo 47 de la Ley de la CNDH, no procede ningún recurso en contra de acuerdos o resoluciones definitivas de ese organismo.

“…ya lo que queda por realizar es calificar el cumplimiento de la conciliación conforme a las evidencias que sean presentadas por la Guardia Nacional y/o por las víctimas”, precisa Pasarán en el oficio V2/078392 del 11 de noviembre de 2025.

Tanto en el resolutivo como en otros dos oficios, la Segunda Visitaduría reitera que “no se adecuaron las hipótesis de gravedad en el caso concreto, por lo que no procedería la emisión de una recomendación alguna en ese sentido”.

Barrueta Enciso envió un escrito dirigido a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, pero a la fecha no ha recibido respuesta.

A la par, agrega, los procesos contra los implicados, tanto en el fuero federal y en el estatal, aún no concluyen, a pesar de que dos de ellos fueron detenidos en flagrancia, de que se les aseguraron las armas oficiales, que hay videos de la patrulla escoltando el auto que usaron para ejecutar el secuestro y que en los celulares se encontraron mensajes donde se ponen de acuerdo para cometer ése y otros ilícitos.

Las víctimas de estos hechos, dice, ahora viven con desconfianza de las instituciones de seguridad, y hoy también de las encargadas de administrar justicia.

“Realmente, estamos en un plano de indefensión tanto ante el actuar de estos delincuentes como del mismo sistema, y nada nos garantiza ahora que estas personas vayan a ser condenadas o acaben por ser absueltas”.