Nacional (Marcrix Noticias) – El pasado 29 de octubre de 2025 ingresó formalmente a la Cámara de Diputados la iniciativa denominada Ley Trasciende. Esta propuesta ciudadana fue presentada por Samara Martínez Montaño. Ella es activista y paciente con padecimientos crónico-degenerativos. Su objetivo principal es despenalizar la eutanasia en el territorio mexicano.
El proyecto ha ganado visibilidad en los medios de comunicación nacionales. Ha provocado un análisis profundo sobre la autonomía individual. También cuestiona el papel del Estado frente al final de la vida. Para muchos, representa un avance en el derecho a decidir sobre la propia muerte.
El debate bioético sobre la Ley Trasciende
La discusión central de la Ley Trasciende gira en torno a la libertad de elección. Los defensores argumentan que cada persona debe poseer control sobre su destino final. Sin embargo, diversos especialistas en bioética plantean interrogantes importantes. Ellos señalan que la autonomía puede ser muy frágil en momentos de dolor.
La iniciativa sostiene que la eutanasia es un acto libre y consciente. No obstante, el miedo y la soledad pueden distorsionar esa libertad. Los críticos advierten que las solicitudes no siempre nacen del sufrimiento físico. A veces surgen del temor a ser una carga familiar o de la depresión.
Riesgos y factores de vulnerabilidad
Existen preocupaciones sobre cómo la pobreza influye en estas decisiones. En un país con desigualdades sociales, la libertad de elección podría verse comprometida. Los factores externos suelen presionar a las personas más vulnerables. Es necesario cuestionar si una decisión bajo tal estrés es plenamente autónoma.
La importancia de los cuidados paliativos
Un punto crítico en este debate es la situación de la medicina paliativa en México. Actualmente, el acceso a estos servicios es muy desigual en el país. Muchas personas no reciben un manejo adecuado del dolor ni apoyo psicológico. Esta carencia genera una deuda estructural por parte del sistema de salud.
Mientras no existan condiciones dignas para vivir, la eutanasia parece una falsa elección. El Estado debe garantizar primero el acompañamiento y el alivio del sufrimiento. Fortalecer los cuidados paliativos evitaría que la muerte asistida sea la única salida disponible. La dignidad se alcanza evitando el abandono, no acelerando el final de la vida.
Desafíos jurídicos y sociales de la Ley Trasciende
La implementación de la Ley Trasciende requiere controles institucionales muy sólidos. Se deben analizar los riesgos para las personas con discapacidades o enfermedades crónicas. Una política pública justa debería priorizar el acompañamiento integral de los pacientes. El apoyo psicosocial a las familias es también un pilar fundamental.
La verdadera empatía de un Estado consiste en cuidar y proteger a sus ciudadanos. Una sociedad justa no responde al dolor ofreciendo el cese de la vida. La responsabilidad ética implica asegurar que cada persona viva con alivio hasta el final. La discusión sobre esta reforma continuará en los foros legislativos correspondientes.