Un juez federal negó el amparo a Claudia Romanillos Villanueva, señalada por presunto peculado y uso indebido de funciones públicas en Quintana Roo.
Yucatán (Marcrix Noticias).– Un juez federal confirmó la orden de aprehensión contra Claudia Romanillos Villanueva, exfuncionaria estatal durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, por su presunta participación en actos de corrupción y daño al patrimonio público de Quintana Roo.
El Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, a cargo de la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, negó conceder un amparo solicitado por Romanillos Villanueva, con lo que se mantiene firme el proceso penal en su contra. La orden de captura fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
De acuerdo con la autoridad, los señalamientos incluyen peculado y uso indebido de funciones públicas, derivados de operaciones irregulares en la venta de bienes inmobiliarios del estado. Estimaciones oficiales apuntan a un daño patrimonial superior a los mil millones de pesos.
Romanillos Villanueva formó parte del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) durante el sexenio 2011–2016, periodo en el que se documentaron múltiples enajenaciones de terrenos estatales a precios por debajo de su valor comercial.
Expedientes judiciales indican que habría suscrito escrituras públicas que facilitaron la entrega de propiedades de alto valor a terceros.
El caso se suma a otras investigaciones abiertas contra ex colaboradores del gobierno de Roberto Borge, entre ellos Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas, quien también enfrenta órdenes de aprehensión por presuntos delitos relacionados con desvíos millonarios y venta irregular de patrimonio público. Varias de estas órdenes fueron emitidas desde 2017 y ratificadas posteriormente.
Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido en 2017 en Panamá y extraditado a México, donde enfrenta procesos por corrupción, peculado y lavado de dinero.
En resoluciones recientes, tribunales han llegado a considerarlo líder de una organización criminal, lo que podría derivar en penas de hasta 40 años de prisión.
Las autoridades federales y estatales mantienen indagatorias en curso para establecer responsabilidades por los presuntos delitos cometidos durante ese sexenio, mientras continúa la búsqueda de exfuncionarios aún prófugos.
Con información de El Sol de Yucatán.