En primer informe de labores, de 100 días de gestión, Vargas Solano expuso las irregularidades heredadas en el Poder Judicial de la FederaciónEn primer informe de labores, de 100 días de gestión, Vargas Solano expuso las irregularidades heredadas en el Poder Judicial de la Federación

A 14 mil millones de pesos asciende déficit heredado por el extinto Poder Judicial que pone en riesgo la operación y hasta salarios del personal.

 

Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El déficit financiero que dejó el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF) alcanza los 14 mil millones de pesos y comprometió seriamente la operación del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluso hasta los sueldos del personal, informó Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

 

Al rendir su primer informe de labores, correspondiente a los primeros 100 días de gestión, Vargas Solano expuso que las irregularidades heredadas no sólo fueron de carácter presupuestal, sino también estructural, con inmuebles deteriorados, equipos obsoletos y falta de recursos básicos para el trabajo jurisdiccional.

 

El funcionario advirtió que la situación fue tan crítica que se puso en riesgo el pago de la primera quincena de septiembre a más de 50 mil trabajadores del PJF, debido a la inexistencia de un tabulador salarial vigente tras decisiones tomadas por el extinto CJF.

 

Durante su mensaje, subrayó que se trata de un momento sin precedentes dentro del Poder Judicial, al afirmar que se están desmantelando redes internas que, por años, operaron en beneficio de unos cuántos y se consideraban intocables, en detrimento de jueces, magistrados y personal de base.

 

Entre los problemas detectados, detalló la falta de mantenimiento en edificios y equipos multifuncionales, así como una deficiente coordinación entre áreas administrativas, lo que impactó directamente en la impartición de justicia federal.

 

Vargas Solano también señaló que no se realizaron estudios jurídicos, presupuestales ni financieros para atender las obligaciones establecidas en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, relacionadas con pagos a jueces y magistrados que participaron o renunciaron con motivo del proceso electoral judicial.

 

Ante este panorama, el OAJ implementó acciones inmediatas para corregir omisiones en materia de remuneraciones, entre ellas la creación de un nuevo tabulador que eliminó prestaciones como seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para altos mandos y personal de nuevo ingreso.

 

Finalmente, aseguró que en poco más de tres meses el OAJ ha comenzado a construir un modelo administrativo más transparente y eficiente, con una clara separación entre funciones jurisdiccionales y administrativas, y con un manejo responsable de los recursos públicos para responder a las exigencias actuales del país.

 

 

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