El máximo tribunal analizará los límites del poder presidencial tras fallos que frenaron la orden de Trump sobre menores nacidos en EE.UU.
Washington (Marcrix Noticias).— La Corte Suprema evalúa la ciudadanía por nacimiento, conocida como jus soli y vigente desde hace más de siglo y medio, pues el presidente Donald Trump pretende restringir este derecho.
La normativa impulsada por Trump busca impedir que el gobierno federal otorgue pasaportes o certificados de ciudadanía a menores nacidos en territorio estadounidense cuyas madres se encuentren de manera irregular o temporal en el país, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes. También alcanzaría a familias con estancias legales pero transitorias, como estudiantes, turistas o trabajadores con visa.
Tribunales inferiores frenaron la medida
Desde febrero, diversos jueces federales suspendieron la entrada en vigor de la orden ejecutiva, argumentando que contraviene la Enmienda 14, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar los derechos de las personas esclavizadas y sus descendientes. Entre los fallos más contundentes destaca el del juez John Coughenour, en Washington, quien calificó la iniciativa como “manifiestamente inconstitucional” y afirmó que pocas veces un caso presentaba una contradicción tan evidente con el texto constitucional.
A pesar de estos bloqueos, la Corte Suprema había limitado recientemente el alcance de las suspensiones nacionales dictadas por tribunales inferiores, lo que añadió presión para que el máximo tribunal analizara directamente el fondo del conflicto.
En documentos entregados a la Corte, el fiscal general John Sauer defendió la postura presidencial, asegurando que la concesión automática de ciudadanía a hijos de personas en situación migratoria irregular ha provocado un “daño sustancial” al país y ha incentivado la migración no autorizada. El gobierno sostiene que la interpretación tradicional del derecho de suelo debería revisarse para “proteger la integridad territorial”.
Grupos de derechos civiles, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han interpuesto múltiples recursos contra esta medida. Su directora jurídica, Cecilia Wang, confió en que la Corte reafirme el criterio histórico y deseche la orden presidencial. Recordó que, a lo largo del país, jueces federales han rechazado repetidamente los intentos de modificar la cobertura constitucional de la ciudadanía por nacimiento.
Para Wang, eliminar este derecho sería “devastador y profundamente cruel”, además de crear una categoría de niños sin estatus legal pese a haber nacido en Estados Unidos.
La resolución se anticipa especialmente sensible, ya que seis de los nueve magistrados del tribunal son de tendencia conservadora, y tres de ellos fueron nominados por Trump en su primer mandato. La Corte tendrá hasta finales de junio para emitir un fallo que podría redefinir uno de los pilares de la identidad jurídica estadounidense.