Tras 24 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley; oposición denuncia falta de soluciones y riesgo de discrecionalidad.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de una Ley de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, después de un debate que se prolongó por 24 horas continuas. La sesión inició ayer a las 14:30 horas y concluyó hoy a las 14:10.
La minuta fue enviada de inmediato al Senado de la República, donde se prevé que sea discutida en fast track por la mayoría oficialista.
Durante la discusión en lo particular —que comenzó a las 20:20 horas de ayer— se presentaron más de 500 reservas. El dictamen fue avalado con 324 votos a favor (Morena, PT y PVEM), 118 en contra (PRI, PAN y MC) y dos abstenciones.
Modificaciones clave incluidas en el dictamen
De las reservas presentadas, se aprobó un paquete de 18 propuestas por Morena, PT y PVEM. Las bancadas oficialistas aseguraron que estas modificaciones “atienden inquietudes del sector agrícola”, mientras que la oposición afirmó que “no resuelven los problemas de fondo”.
El artículo 22 se modificó para establecer que los derechos incluidos en concesiones y asignaciones no podrán ser transmitidos.
Se añadió un párrafo que permite reasignaciones derivadas de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones y derechos sucesorios. Estas reasignaciones deberán resolverse conforme al artículo 37 Bis, que establece procesos expeditos con un plazo máximo de 20 días hábiles.
Se fijó que las concesiones y asignaciones podrán prorrogarse por un periodo igual al del título vigente, siempre que los titulares lo soliciten entre tres años antes del vencimiento y hasta seis meses previos a su conclusión.
Originalmente, el dictamen señalaba que la transmisión del dominio de tierras con concesión no implicaba cambio de uso si se trataba de actividades agrícolas o pecuarias.
La reserva aprobada agrega que tampoco aplicará cuando se trate de actividades acuícolas.
Sanciones por traslado ilegal de agua (artículo 123 Bis 3)
Se fijaron penas específicas para quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro:
Volúmenes menores o equivalentes a 50 mil litros: 3 a 5 meses de prisión.
Volúmenes mayores a 50 mil litros: 6 a 8 meses de prisión.
Tensiones políticas y críticas de la oposición
Legisladores opositores acusaron que la Ley de Aguas no atiende problemas estructurales como la falta de supervisión, trámites rezagados en la Conagua o la ausencia de un plan claro de saneamiento hídrico. Argumentaron que la autoridad mantiene más de 140 mil trámites pendientes y opera con menos de 100 supervisores, lo que limita la capacidad de vigilancia.
También criticaron que el presupuesto se reduzca mientras se busca ampliar facultades.
Una de las voces opositoras advirtió que la narrativa oficial se centra en “acaparadores”, pero no reconoce que grandes actores económicos mantienen acuerdos sin expresar oposición pública.
Opositores señalaron que la infraestructura hidráulica existente fue construida durante gobiernos previos, y acusaron al bloque oficialista de actuar con soberbia y asumir que “la mayoría es para siempre”.
El debate dejó ver la profundidad de las diferencias políticas sobre el manejo del agua, un recurso que enfrenta presión creciente por disponibilidad, regulación y modernización.