El diario acusa que la nueva política limita el acceso histórico de los medios y vulnera la Primera Enmienda al restringir la cobertura sobre operaciones militares de Estados Unidos.
Washington D.C. (Marcrix Noticias).– El diario The New York Times presentó una demanda contra el Pentágono, tras la imposición de nuevas normas que restringen el acceso de la prensa a instalaciones militares y limitan el uso de fuentes para informar sobre las actividades del Ejército estadounidense.
La medida, calificada por el periódico como contraria a la libertad de expresión, ha generado preocupación entre medios nacionales y extranjeros.
La política del Departamento de Defensa establece controles más estrictos para ingresar a áreas que tradicionalmente habían sido accesibles para corresponsales acreditados, lo que, según el NYT, constituye un esquema restrictivo que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El diario argumentó ante un tribunal federal que las nuevas reglas buscan “cerrar las puertas del Pentágono” a medios que mantienen una cobertura crítica e independiente.
El conflicto se intensificó el 16 de octubre, fecha límite para aceptar las nuevas condiciones, cuando veteranos corresponsales entregaron sus credenciales como señal de rechazo. Desde entonces, el Pentágono ha reducido el acceso a la mayoría de medios y, en contraste, permitió la entrada de influencers, blogueros y creadores de contenido que ocuparon la sala de prensa durante la primera conferencia posterior al cambio de políticas.
Entre ellos destacó Lance Johnston, integrante de la organización conservadora Fearless Media, quien presumió en redes sociales que ahora ocupaban los espacios de trabajo antes asignados a reporteros de medios históricos como The Washington Post, CNN y el propio New York Times.
El diario solicitó al tribunal emitir una orden que impida al Pentágono aplicar la política, además de reconocer que las disposiciones vulneran derechos constitucionales.
Por su parte, funcionarios del Departamento de Defensa argumentaron que el acceso a instalaciones militares es un privilegio regulado y que las nuevas directrices buscan prevenir filtraciones que puedan poner en riesgo la seguridad nacional.
La demanda podría sentar un precedente sobre los límites del Gobierno federal para controlar el acceso de la prensa y sobre el papel de los medios en la supervisión pública de las instituciones militares.