La reforma avanza con disposiciones que buscan regular el uso del agua, prevenir abusos y fortalecer la rectoría del Estado.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Aguas, una propuesta impulsada por el gobierno federal que reconoce el acceso al agua como un derecho humano, prohíbe su acaparamiento y establece nuevas sanciones penales por delitos relacionados con las aguas nacionales. El dictamen recibió 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, expresó su rechazo al trámite acelerado.
La mayoría de Morena y sus aliados dispuso la discusión con dispensa de trámites, lo que permitió avanzar al análisis en lo particular. El proyecto incluye más de 50 ajustes derivados de las demandas de organizaciones campesinas, aunque el coordinador morenista, Ricardo Monreal, adelantó que se presentarán modificaciones adicionales.
Cambios centrales en la Ley de Aguas y posiciones encontradas
La Ley de Aguas y las reformas asociadas a ella establecen que el Estado deberá garantizar, investigar y reparar violaciones al derecho humano al agua. También prevé un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales, que serán perseguidos de oficio.
Las penas contempladas incluyen tres meses a cinco años de prisión para quien altere o desvíe cuerpos de agua sin autorización y genere afectaciones a personas o ecosistemas. La ley aclara que quedan exceptuadas las actividades realizadas con fines personales, domésticos o agropecuarios familiares, en respuesta a críticas sobre la posible criminalización del campo.
Además, se fijan hasta ocho años de prisión para servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones mediante sobornos u ofrecimiento de dádivas.
Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación de un artículo que reconoce la posibilidad de que productores agrícolas puedan vender o heredar concesiones, siempre con autorización de la autoridad del agua. La bancada priista calificó este ajuste como contradictorio, pues la legislación mantiene que los títulos “no serán objeto de transmisión”.
Entre los cambios relevantes destacan procedimientos expeditos —con un máximo de 20 días hábiles— para reasignar volúmenes de agua en casos de transmisión de propiedad, fusiones de sociedades o acreditación de derechos sucesorios.
También se modificó la denominación del capítulo “Delitos Hídricos”, que ahora será “Delitos contra las Aguas Nacionales”, con una reducción en los rangos de pena originalmente planteados.
Qué busca la nueva Ley de Aguas, según Conagua
El director de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la iniciativa busca recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso y evitar su mercantilización. “Con esta nueva ley, el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano y un bien estratégico para el desarrollo del país”, señaló durante una conferencia matutina.
El proyecto también plantea transformar la forma en que se otorgan y supervisan las concesiones, lo que ha generado expectativas sobre justicia hídrica, pero también inquietud entre sectores agrícolas que dependen del riego para sostener su producción.