Las primeras líneas de investigación revelan que la desarrolladora no contaba con permisos, autorizaciones ni licencias necesarias para llevar a cabo la construcción ni la comercialización de los terrenos. A pesar de ello, la empresa habría continuado promoviendo y vendiendo el proyecto, lo que podría constituir violaciones a la normativa ambiental y urbanística vigente.

Durante el cateo, los agentes aseguraron documentación relacionada con el desarrollo, así como computadoras, dispositivos electrónicos, cámaras, material de grabación, propaganda, maquetas y modelos físicos utilizados para la venta de los lotes. Todo el material quedó bajo resguardo de la FGE para su análisis.

Tras la diligencia, el inmueble quedó formalmente asegurado mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas relacionadas con el caso.

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