Analizan posible regreso del GIEI al Caso Ayotzinapa
Familiares logran que Gobierno se abra a reintegrar al equipo independiente en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en 2014
CIUDAD DE MÉXICO, — En una reunión celebrada esta semana en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos reafirmaron su exigencia de justicia y obtuvieron del Gobierno la promesa de “analizar de forma seria” la reincorporación del GIEI, el grupo de expertos internacionales que investigaba el caso de manera independiente.
Ante la presión social y la persistente criminalización, el Ejecutivo acordó revisar técnicamente la viabilidad de reintegrar a investigadores del GIEI —entre ellos los nombres mencionados en las conversaciones públicas—, al mismo tiempo que se comprometió a fortalecer la fiscalía especial encargada del caso. También se planteó avanzar con procesos de extradición de posibles involucrados cuya localización y detención han sido hasta ahora deficientes.
La iniciativa surge en un contexto donde las versiones oficiales previas —la llamada “verdad histórica”— han sido ampliamente cuestionadas por irregularidades forenses, falta de evidencia concluyente y denuncias de ocultamiento institucional. El GIEI, creado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmontó en su momento esa narrativa, aportando nuevos análisis científicos y líneas de investigación alternativas. Sin embargo, abandonó el caso tras denunciar obstáculos estructurales, especialmente la negativa de autoridades militares a entregar información clave.
Para las familias y activistas, la posible reactivación del grupo independiente representa una de las pocas oportunidades reales de generar avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y esclarecimiento. No obstante, los responsables advierten que la reincorporación no será automática: dependerá de negociaciones con los expertos, disponibilidad, acuerdos técnicos y de seguridad, así como del compromiso de autoridades de brindar acceso pleno a expedientes militares y judiciales.
Hasta ahora no hay fecha pública para una decisión formal, pero fuentes cercanas al caso señalan que la revisión podría concretarse en las próximas semanas. Mientras tanto, la exigencia de respuestas y justicia —que cumple más de una década sin resolverse— permanece, abierta y urgente.