Con unanimidad de todas las bancadas se aprobó y se restituyen sanciones a servidores públicos omisos; proyecto va de regreso a San Lázaro para su revisión final.

México (Marcrix Noticias)-El Senado de la República aprobó por unanimidad una versión reforzada de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, incorporando más de 20 cambios al proyecto enviado por la Cámara de Diputados. La nueva redacción unifica criterios para perseguir este delito en las 32 entidades federativas y autoriza que las investigaciones se realicen de oficio, sin requerir una denuncia plenamente identificada.

La reforma endurece de manera significativa las penas, que ahora van de 15 a 25 años de prisión y, con agravantes, pueden alcanzar hasta 42 años, en contraste con los seis a 15 años previstos inicialmente. También se restituyó la sanción de 10 a 20 años para servidores públicos que omitan denunciar casos de extorsión, revertiendo la reducción aprobada por la Cámara baja.

Durante la discusión, legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que el aumento de penas responde a la creciente expansión de la extorsión, que afecta comercios, servicios, transporte, gobiernos locales y cadenas de suministro. La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— logró que se atendieran sus advertencias sobre la laxitud del proyecto original, permitiendo un consenso inusual con Morena, PT y PVEM.

Entre los puntos más debatidos estuvo la falta de recursos específicos para implementar la ley. Senadoras como Guadalupe Murguía y Carolina Viggiano advirtieron que, sin presupuesto adicional, la creación de unidades especializadas en fiscalías podría quedar solo en el papel. Pese a estas preocupaciones, el dictamen avanzó.

Además, el Senado aprobó reservas promovidas por Morena, que incluyen la incorporación de perspectiva de género en la atención a víctimas y el aumento de penas cuando la extorsión se cometa mediante plataformas o dispositivos electrónicos. El proyecto fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados para su revisión final.