Autoridades ambientales señalan una expansión agrícola con graves impactos en los bosques del sur de Quintana Roo.

Bacalar (Marcrix Noticias)-La grave problemática ambiental generada por comunidades menonitas, principalmente en la zona de Bacalar, concentra los trabajos de la recién instalada Mesa contra la Tala Ilegal para el combate a la deforestación en Quintana Roo, informó el secretario estatal de Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera.

La coordinación está presidida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Quintana Roo y otras autoridades federales y estatales.

De acuerdo con Rébora Aguilera, los principales análisis de la mesa se centran en los impactos provocados por la expansión agrícola menonita, cuyas prácticas de desmonte han generado una deforestación superior a las 50 mil hectáreas del macizo forestal en el municipio de Bacalar, según registros de la Federación.

“Tenemos en el foco la problemática menonita, que es en este momento el problema más grave de tala ilegal que afecta al estado”, explicó el funcionario, al advertir que las malas prácticas agropecuarias de estas comunidades están provocando daños severos no solo a la selva, sino también a la Laguna de Bacalar, la cual presenta signos de contaminación y deterioro ambiental.

Entre las primeras decisiones adoptadas por la mesa destacan la inhabilitación de predios impactados por la deforestación ilegal, la clausura de terrenos irregulares y el aseguramiento de maquinaria pesada utilizada para el desmonte, como tractores y retroexcavadoras, medidas que ya se han aplicado en otros operativos dentro de la Península de Yucatán.

Asimismo, se abrirán procedimientos administrativos y denuncias penales contra los responsables del cambio ilegal de uso de suelo, con el objetivo no solo de sancionar, sino también de obligar a la restauración ambiental de las superficies deforestadas.

“Se busca cerrar el hueco de las irregularidades para evitar que los responsables esperen a que pase el tiempo y luego puedan utilizar legalmente los predios deforestados, asegurando que se cumpla la ley y se apliquen las sanciones”, puntualizó Rébora Aguilera.

El funcionario subrayó que este esfuerzo interinstitucional representa un compromiso firme para proteger el patrimonio natural de Quintana Roo, especialmente en una zona tan vulnerable como la Laguna de Bacalar, considerada uno de los ecosistemas más valiosos del sureste mexicano.